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Opiniones de hoy

¿De un limón una limonada?

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En recientes declaraciones a la prensa, la procuradora general de la Nación, Anabella Morfín Mansilla, informó sobre el proceso de regulación de la “concesión encubierta” de servicios portuarios que, mediante un supuesto “usufructo oneroso”, la entidad estatal Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) otorgó a la entidad Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ), propiedad de la entidad española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que, posteriormente, traspasó las acciones de TCQ a la compañía holandesa APM Terminals y a la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

Si dicho proceso de regulación se concreta, además de viabilizar el proyecto portuario, pondría fin a la improcedente e improvisada intervención de TCQ, que fue dictada como medida cautelar para la extinción de dominio, que, en el cortísimo plazo, podría redundar en el desfinanciamiento y la segura bancarrota de TCQ.

Según la procuradora Morfín, el referido proceso de regulación contemplaría, entre otros, los siguientes aspectos: 1) APM Terminals deberá pagar al Estado de Guatemala la suma de US$43.2 millones, de los cuales US$32.7 millones se recibirán en concepto de reparación civil US$10.5 millones se invertirán en los municipios del departamento de Escuintla, bajo el criterio de responsabilidad social empresarial, a razón de US$500 mil anuales; 2) APM Terminals se obligará a desvincular de TCQ a todos aquellos funcionarios y consultores que hubiesen participado o tuvieren conocimiento de los sobornos que se dieron en torno a la referida “concesión encubierta”; 3) APM Terminals se obliga a desistir de la excepción de incompetencia interpuesta dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad absoluta del “usufructo oneroso”, así como a allanarse a la pretensión de nulidad, a fin de que esta pueda declararse judicialmente; y 4) El Organismo Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley mediante el cual se otorgue a TCQ una concesión directa, sin licitación previa, por el plazo de 21 años.

Entendemos que el proyecto de construcción de la respectiva terminal de contenedores no puede quedar a la deriva, que no puede perderse la inversión realizada y que dicho proyecto debe ser rescatado en función del desarrollo económico del país, por lo que es totalmente razonable que se llegue a una solución que, aunque no sea la ideal, resuelva el entuerto y haga de un limón una limonada.

Sin duda, lo idóneo es que, como debió haber sido desde un inicio, el Congreso apruebe la concesión del servicio público portuario respectivo, como lo ordena la Constitución, por supuesto en un contexto de términos y condiciones razonables, competitivos y sin privilegios fiscales. Por consiguiente, en principio la propuesta de la procuradora Morfín en ese sentido es correcta, así como la reserva de que dicha concesión deberá quedar sin validez “si en algún momento llegara a demostrarse que APM Terminals tenía conocimiento previo de los sobornos señalados por el Ministerio Público”.

No obstante, los guatemaltecos seguimos incómodos con el lamentable papel que jugó la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, cuyos personeros fueron alertados con anticipación por Acción Ciudadana sobre las graves anomalías e irregularidades en torno al proyecto portuario; sin embargo, IFC siguió adelante y participó como accionista en TCQ. Lo menos que se esperaría, entonces, es que el Estado de Guatemala reciba una indemnización adecuada de parte de IFC como resarcimiento por el daño moral causado.

Por otro lado, habría que pedir a las autoridades de la EPQ que presenten alternativas para evitar que los activos de EPQ destinados al servicio público portuario no se menoscaben o pierdan.

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