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Opiniones de hoy

Disponiendo del pisto ajeno

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Exagerado o no, lo que está claro es que la banca central es sensible a los intereses del sector financiero.

Los principales bancos del mundo convirtieron el sistema financiero en un casino con los llamados bonos basura –subprime– creando un tsunami en el 2008 que causó graves daños a la economía de EE. UU. y mundial por billones de dólares, coletazo que persiste a nivel global a pesar de un costoso programa de estabilización financiera. La crisis obligó a implementar regulaciones rigurosas permitiendo al Estado intervenir con eficacia y sin dramatizar los principios económicos proteger los depósitos de ahorro y a la vista, aplicar multas elevadas por prácticas nocivas en el mercado de divisas, manipulación de tasas de interés –libor–, lavado de dinero y otros excesos. Al fortalecer el sistema se previene que se repita la especulación del pasado, evitando crear burbujas del tipo que sea como la inmobiliaria que provocó la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers y el colapso de la industria automotriz rescatada con fondos públicos. También se estableció una política de crédito barato incentivando la manufactura y los servicios con la finalidad de reactivar la economía sin lograr el crecimiento previsto del PIB, debido en parte a que esas actividades están siendo desplazadas por el comercio de activos financieros, al ser la ingeniería financiera con el soporte tecnológico actual, un negocio más rentable que la producción de bienes y servicios.

En Guatemala el banco central diseña la política monetaria cambiaria y crediticia de manera ortodoxa, dudándose del grado de influencia real en la actividad económica. Hace años un ilustre neoliberal cuestionaba su existencia diciendo que su única función importante es ordenar la impresión de billetes, perdiendo relevancia al adoptar el dólar estadounidense como única moneda de curso legal, sucedió en El Salvador y Ecuador beneficiando a las familias que reciben remesas y a la economía en general, falta ver si algún día se atreven a presentar un proyecto en ese sentido. Exagerado o no, lo que está claro es que la banca central es sensible a los intereses del sector financiero, emitiendo opinión favorable cuando es requerida –tarjetas de crédito– sin que los consumidores merezcan el honor de ser tomados en cuenta por una mentalidad frívola propia del formalismo burocrático con el aval de la Junta Monetaria, responsable directa de esa política. Otra carabina de Ambrosio. Hoy pretenden reformar la Ley de Bancos autorizando al Banco de Guatemala para que al estar insolvente –en quiebra– una entidad financiera, la rescate sin tanta bulla con recursos obtenidos de los impuestos que percibe el Gobierno, premiando a los tramposos por el mal manejo de la cartera crediticia contaminada con activos tóxicos y otras movidas bajo la mesa, pagando el pato los contribuyentes y los programas sociales. Lo sensato y lógico es que respondan con sus activos, incluyendo las acciones de los socios en diferentes sociedades mercantiles o un seguro que cubra el riesgo. La pregunta que flota es: ¿Está vigente una ley similar a la propuesta por la Junta Monetaria en la Unión Europea, EE. UU. y otros países signatarios de la convención de Basilea? Que sepamos las regulaciones establecidas después del colapso del 2008 obligan a los bancos a incrementar el capital y cumplir una serie de normas que transparenten sus actividades, sujetándose a sanciones severas si las violan. ¿Se aplican aquí? La reforma pretendida no es modernización financiera, es un abuso puro y duro consolidando la inseguridad económica y la desigualdad. Nadie en su sano juicio está en contra de los empresarios innovadores que pagan impuestos y salarios justos, prosperando sin esquilmar al Estado con privilegios ni se niega la importancia de la estabilidad del sistema financiero, pero no a costillas del pópulo. El integrismo no es solo religioso.

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