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Opiniones de hoy

Un capital político dilapidado

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El capital político con que contaba Jimmy Morales cuando tomó posesión del cargo de presidente de la República, el 14 de enero de 2016, ha venido siendo dilapidado rápidamente, al extremo que, a escasos ocho meses, ya no cuenta con un significativo respaldo ciudadano. Por el contrario, a estas alturas, la percepción de la ciudadanía de su gestión gubernativa es negativa.

En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, no ha habido ningún avance significativo. Continúa el despilfarro, la opacidad, el gasto discrecional incontrolable, la burocratización y el clientelismo político. Por otro lado, la cleptocracia que se consolidó durante los regímenes de Álvaro Colom (2008-2012) y de Otto Pérez (2012-2015) no ha sido desmontada.

En cuestión de eficacia fiscal, ha quedado evidenciado que el equipo de gobierno no responde a un programa de gobierno y tampoco tiene capacidad de ejecución presupuestaria, la cual también se ha visto afectada por la emisión de leyes absurdas, entre ellas la malhadada reforma de la Ley de Contrataciones del Estado. En dos platos, la educación, la salud y la infraestructura física siguen en condiciones deplorables.

Lejos de promover la calidad, la priorización y la optimización del uso de los recursos públicos, el gobierno prefirió darse a la tarea de cargar con más impuestos a la clase media, por medio del tristemente célebre “Paquetazo Tributario 2016” y de aumentar sin recato ni medida los renglones de gasto público en el Proyecto de Presupuesto estatal 2017 que el Ministerio de Finanzas Públicas presentó para su aprobación ante el Congreso, que podría redundar en un endeudamiento público récord. Por cierto, en el proyecto presupuestario 2017 se incorpora la amortización multimillonaria de la ilegal “deuda pública flotante” e importantes desembolsos a favor de contratistas corruptos que están siendo investigados.

En materia de recaudación tributaria, si bien se ha avanzado en el cobro a evasores fiscales importantes, el contrabando y la defraudación aduanera siguen viento en popa, lo que asegura, además del fraude fiscal, la competencia desleal, cuyos efectos directos e inmediatos son el cierre o la quiebra de empresas, así como la pérdida de fuentes de trabajo.

Por otro lado, la desconfianza y la incertidumbre se han apoderado de los agentes económicos, lo que ha redundado en desinversión, reducción de la demanda crediticia, disminución de las importaciones de bienes de capital y de consumo, la drástica revaluación del quetzal frente al dólar en detrimento de las exportaciones e inflación de los productos de la canasta básica. Estos factores, entre otros, han impactado negativamente en la economía y han detonado nuevos focos de conflictividad social. Lo anterior sin perjuicio de que la delincuencia común y el crimen organizado no tienen freno ni sanción.

En fin, el capital político del presidente Morales se ha venido erosionado, a marchas forzadas, debido principalmente al desgobierno, a nuevos escándalos de corrupción y a la adopción de erráticas decisiones y políticas.

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