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Opiniones de hoy

Un obligado final

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¿Si valió la pena ser parte de este periodo de la historia?

Llegó el momento de abandonar la publicación de libros  sobre el enfrentamiento armado interno (2000-2015), escritos con la intención de contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica, que solo preocupa a un limitado grupo para otros fines, que no tienen relación con la historiografía.

Hay  mucho que escribir acerca del rol de los militares en el ejercicio de una profesión, actualmente  criminalizada por quienes encontraron  en la coyuntura la oportunidad de intentar desprestigiar el Ejército guatemalteco. Lo irónico es, que  la mayoría quienes dirigen esas organizaciones vivieron en el extranjero  a expensas del enfrentamiento armado, es decir jamás fueron combatientes, ni siquiera de medio tiempo.  Esto nos los salva, sino los denigra.

La criminalización de la actividad  militar se  basa en el supuesto,  que todos los miembros de las fuerzas armadas, tienen responsabilidad en hechos cometidos supuestamente por las tropas gubernamentales durante el enfrentamiento armado interno, particularmente quienes ocuparon cargos de operaciones, comandantes de batallón,  inteligencia o estudiaron cursos de inteligencia. Subrayo hechos supuestos,  porque se ha demostrado  en varias ocasiones como la guerrilla –particularmente el EGP– arremetió contra comunidades del triángulo Ixil y de Huehuetenango utilizando armas y uniformes de uso de las fuerzas armadas, para enemistar a estas poblaciones con el Ejército y lograr su adhesión a la causa revolucionaria.  Sobre lo anterior existe cualquier cantidad de información disponible, incluyendo la que procede de la embajada norteamericana reconocida por su veracidad. En un informe enviado a Elliot Abrams, el 5 de noviembre de 1982, por el  embajador Frederic Chapin en nuestro país; aclara que las denuncias de Amnistía Internacional; WOLA, NISGUA y la comisión de DD.HH. guatemalteca formaban parte de una campaña de desinformación en apoyo a la  insurgencia izquierdista,  con el propósito de desprestigiar al Gobierno de Guatemala. El informe finalmente concluyó: “En resumen, la embajada cree que lo que se está urdiendo, y realizando exitosamente, es un plan de desinformación apoyado por los comunistas…”. 

Es importante dejar asentado que el Ejército de Guatemala, no intervino en el enfrentamiento armado interno (EAI) por voluntad propia, sino por decisión de su Comandante General de turno. Tal como ocurre actualmente con las unidades militares que apoyan a la Policía Nacional Civil en la seguridad ciudadana. La figura de Comandante General del Ejército, no es nueva en el ordenamiento constitucional guatemalteco, data desde la  Constitución aprobada tras Revolución del 44 (11/marzo/1945), que instituyó  esa función (Artículo 151). Además de establecer el servicio militar obligatorio (Artículo 150). En conclusión el Ejército no se manda solo.

La participación del Ejército en defensa del Estado –no en su defensa– para evitar que el comunismo internacional tomara el control del país; estuvo regulada por diversas Constituciones (1945, 1956 y 1965), reglamentos, planes específicos, directivas y por el juicio particular de los combatientes, la generalidad de oficiales y soldados los respetaron. 

Los planes enfatizan especialmente el respeto a la vida de los no combatientes y la conminación a los alzados en armas a deponerlas, así lo demuestran las diecinueve (19) amnistías  aprobadas a lo largo del EAI.  Amnistías  que nunca han sido incluidas en el análisis histórico por quienes intentan sustentar que hubo genocidio.  Los indígenas y los guatemaltecos en general están conscientes, que no existió un política en su contra, pero si existió de parte de la guerrilla una estrategia de reclutamiento masivo de indígenas a la lucha armada, destruyendo su tejido social y cultura. Para 1981 el EGP había: “incorporado a la casi totalidad de los grupos étnicos indígenas, especialmente los cuatro más numerosos: quichés, mames, cakchiqueles y kekchíes, y a extensos sectores de la población ladina” (Revista internacional Nº 5 Compañeros/1982)

Al Ejército le atribuyen el delito de genocidio y la violación de normas propias del Derecho Internacional, tergiversando lo que el  Código Penal define: ”Comete genocidio quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos: 1. Muerte de miembros del grupo, 2. Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo; 3. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial; 4. Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo; 5. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo… El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 20 a 30 años” (Artículo 376).

La citación del artículo legal, no es una explicación jurídica, simplemente es un aporte para facilitar la comprensión de los hechos.  David Stoll, después de estudiar las acciones de la guerrilla en el triángulo Ixil  indica que  “…el mismo razonamiento convierte al EGP en culpable de genocidio”.  Pero el comandante Rolando Morán y algunos integrantes de la Dirección Nacional fallecieron y los que aún viven son actualmente personas honorables, que sirven de consultores a la comunidad internacional. Éxitos para ellos.

De los veintiocho (28)  años de servicio (1979-1998) en el Ejército de Guatemala; veinte (20) de ellos fueron como oficial de inteligencia, llegando a ocupar el cargo de Director de Inteligencia durante el Gobierno transitorio de Ramiro de León (1993-1995).  Las razones para atacar directamente a la Inteligencia Militar, devienen de la importancia que significaba para la guerrilla hacer creer a la comunidad que se enfrentaban a un Estado totalmente represor, de esta manera lograron ayuda económica para financiarse.

La idea de escribir este epílogo surgió de la pregunta planteada por un estudiante universitario, durante la presentación académica de la 3ra. edición de Venganza o Juicio Histórico, con relación a ¿si valió la pena ser parte de este periodo de la historia?

Combatir y negociar obligados por la realidad… VALIÓ LA PENA. Ahora los guatemaltecos disfrutan de la libertad de elegir a sus autoridades, aunque lo hagan al tin marín; opinan libremente por  las radioemisoras, la televisión, los periódicos, las redes sociales, etcétera.  Los medios de comunicación son libres en sus contenidos, no sucedió como en Cuba, en donde los medios están controlados por el Estado. Los guatemaltecos pueden manifestar  el día que quieren, a la hora que les place y en donde conviene a sus intereses, no importa que afecten a un número superior a los que ellos representan.  Hoy los guatemaltecos viven solo con la angustia, de que un criminal los extorsione, los asalte y los asesine; pánico que se reducirá en la medida que la PNC alcance su desarrollo, hasta que esto suceda la ciudadanía puede recurrir a contratar los servicios de Seguridad Privada.

SI VALIÓ LA PENA. Porque los guatemaltecos nacidos a partir de 1986, tienen oportunidad de vivir sin la amenaza, que una fuerza insurgente trate de tomar el control del Estado por la vía de las armas, lo cual no excluye que algún grupo con ideas similares, pero ese,  es el riesgo que con conlleva la pluralidad ideológica.

En la Guatemala presente y futura, conviven y convivirán ciudadanos conscientes  y respetuosos de la multiculturalidad  y en consecuencia con mayor capacidad de influir en su propio destino. Por esto VALIÓ LA PENA defender a nuestro país según el mandato constitucional; aceptar la decisión política de alcanzar la paz;  relatar a través de seis libros  lo ocurrido para contribuir con la verdad y,  ahora acudir a los tribunales, si es el caso;  aunque se tenga la certeza que jueces y fiscales serán presionados y chantajeados para lograr sentencias violatorias al debido proceso… al estilo de Cneo Calpurnio Pisón.

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