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Opiniones de hoy

¿Qué hace la Copredeh?

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La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh) fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo # 486-91 de fecha de 12 de julio de 1991, el cual fue modificado por medio de los Acuerdos Gubernativos # 549-91 de fecha 16 de septiembre de 1991, # 404-92 de fecha 4 de junio de 1992, # 222-94 de fecha 13 de mayo de 1994 y # 162-95 de fecha 10 de abril de 1995. La Copredeh es responsable de asesorar al Presidente de la República en materia de derechos humanos, diseñar propuestas de política pública en el tema, monitorear compromisos y formar a los funcionarios en la misma línea, analizar e intervenir en las situaciones que atenten contra los defensores de derechos humanos y darle seguimiento a las recomendaciones de mecanismos internacionales de supervisión de casos.

De esa cuenta, la Copredeh es una dependencia de apoyo al Presidente de la República en materia de derechos humanos, con presupuesto propio para su funcionamiento e integrada por los Ministros de Relaciones Exteriores, de la Defensa y de Gobernación, el Procurador General de la Nación (PGN), el Ministerio Público, el Secretario de la Paz y un representante del Presidente de la República, quien la preside. Los integrantes de la Copredeh debieran reunirse periódicamente, pero no lo hacen. En todo caso, la Copredeh es independiente del Procurador de los DD. HH.

Empero, la Copredeh no solo apoya al Presidente en materia de derechos humanos a nivel interno, sino que también participa en el plano internacional, específicamente ante la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH) y ante la Corte Interamericana de DD. HH. De hecho, algunos Presidentes de la Copredeh han concurrido a dichas instancias internacionales sin credencial de representación del Estado alguna.

De acuerdo con la Convención de Viena y la Constitución, el Presidente de la República, en su carácter de Jefe de Estado, es el representante legal del Estado de Guatemala ante la comunidad internacional (Estados y Organismos Internacionales), quien la ejerce a través del Ministro de Relaciones Exteriores.

El PGN ha venido otorgando mandatos judiciales a favor de abogados de la Copredeh para que estos representen al Estado ante la CIDH y la Corte Interamericana de DD. HH., aunque el PGN solo ostenta la representación legal del Estado en el plano interno y no en el plano internacional. Por tanto, lo jurídicamente procedente es que el Presidente de la República, en su carácter de representante del Estado ante la comunidad internacional, sea el que, a través del Canciller, otorgue los mandatos judiciales, así como las instrucciones correspondientes.

En todo caso, los Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) ante la CIDH son acuerdos entre el Estado y las partes, que se celebran antes de que la CIDH presente un caso ante la Corte Interamericana de DD. HH., para evitar un juzgamiento del Estado, por supuesto en el entendido de que existe base suficiente que haga presumir una potencial condena. Sin embargo, el Presidente de la República es el único autorizado para aceptar los ASA, por lo que la función de la Copredeh debe limitarse a proponer al Presidente negociar y, en su caso, someter a consideración de éste los proyectos de los ASA y si éste acepta los puede suscribir el representante del Estado. No obstante, ha trascendido que los Presidentes de Copredeh han negociado sin autorización del Presidente, han suscrito ASA y han pagado. Asimismo, los Presidentes de la República han permitido que la Copredeh tome las decisiones, incluso la decisión de allanarse a las pretensiones de la contraparte ante la Corte Interamericana de DD. HH., lo que supone la renuncia del derecho de defensa del Estado.

Por otro lado, en el presupuesto de la Copredeh se han venido incorporando partidas destinadas a pagar los importes de las sentencias condenatorias y de los ASA, lo que excede de sus funciones regladas. Además, el resarcimiento a las víctimas del enfrentamiento armado interno le corresponde al Programa Nacional de Resarcimiento y no a la Copredeh.

En consecuencia, resulta procedente que el Congreso, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación auditen e investiguen las actuaciones de la Copredeh.

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