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Opiniones de hoy

Atender los riesgos del cambio

opinion

Se reproduce la lógica del conflicto armado.

 

La batida del orden mafioso depredador (por violento), parasitario (por sus códigos de corrupción) y simbiótico (porque generó relación de mutua dependencia con elites políticas, empresariales y profesionistas), tiene un impacto directo en el Estado central el cual, casi cada semana desde hace 17 meses, está siendo removido como nunca por los casos penales del MP y la CICIG.

Esa batida, sin embargo, está provocando, en parte, que varios de los engranajes del sistema se traben. Las empresas contratistas de infraestructura o los proveedores mantienen la relación contractual con los ministerios y dependencias públicas, y hay miedo en la burocracia de continuarla. Pero eso implica el abandono de carreteras, logística portuaria, obras físicas y desabastecimiento general. Esa parálisis se abonó con una Ley de Contrataciones poco funcional, cuyo reglamento se conoció hasta mayo. Y, además, con el ingreso de una administración central novata. Como sea, los expedientes se acumulan en las direcciones jurídicas de las dependencias, donde son sometidos a una y mil revisiones.

Naturalmente la contención del gasto –ya no por razones financieras sino operativas– impacta en la economía general, pues aunque el peso del gasto público en el PIB no sobrepasa el 15 por ciento, constituye tradicionalmente una pequeña locomotora que jala varios vagones.

No obstante, ese no es el escenario más complejo, pues al cabo se puede destrabar con ciertas decisiones centrales en el corto plazo. Lo más complicado está en las provincias, donde aflora la conflictividad, y donde nadie quiere entrar. Como en el periodo del conflicto armado hace 35 años, los civiles de las comunidades y muchas de las empresas resultan rehenes de las partes beligerantes, ahora bajo el membrete, por un lado, de organizaciones y autoridades que llegan a imponer de hecho su propia ley, en ciertos casos cobros, como jornales, para liberar a los civiles de realizar bloqueos en las carreteras, y, por otro, de quienes manejan algunas empresas de seguridad que “asesoran” a los inversionistas, exacerbando (o simplemente inventando) las amenazas y aplicando sistemas de control poblacional, como en el pasado.

Parte de la cooperación internacional –sabiéndolo o no– cae en la trampa de la confrontación asistiendo a una de las partes herederas del conflicto, con lo cual se refuerza la presión sobre las comunidades civiles sometidas, como en el pasado, a las partes beligerantes. Las intervenciones focalizadas del Plan de la Prosperidad no tendrán ningún efecto y, en este escenario de “polvorín”, serán de la dinámica de conflictividad social. El Estado sigue ausente en los territorios, sin instrumentos pertinentes para cumplir su misión constitucional. Eso significa que si no se constituyen coaliciones sociales, políticas y estatales, que incluyan a la cooperación, la población civil comunitaria e incluso las empresas “vendadas” por la información distorsionada del terreno, seguirán también paralizadas y desconfiadas. Si lo niveles macro y micro de la parálisis y la conflictividad se entremezclan, las transformaciones en marcha se volverán inflamables.

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