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Opiniones de hoy

¿Quién con una luz se pierde?

opinion

El informe generado por la OEA corrobora que el niño guatemalteco fue asesinado por miembros de las fuerzas de seguridad de Belice.

El informe presentado al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por los dos expertos que integraron la comisión científica independiente establecida para hacerlo recoge la confesión “calificada” de Darren Harris y de Benjamin Cal –integrantes de la patrulla FCD-BDF (Friends for Conservation and Development y Belice Defense Forces) en la que admiten que dispararon sus armas (una escopeta Mosberg calibre .12 y un rifle Ruber semiautomático calibre .22) la noche del 20 de abril de 2015, –noche en la que, a la misma hora y en el mismo lugar situado en la zona de adyacencia que administra Belice– sufrió heridas de bala de un rifle Ruber semiautomático calibres .22 y de una escopeta Mosberg calibre .12 el niño guatemalteco, de 14 años de edad, Julio René Alvarado Ruano quien falleció –allí mismo– como consecuencia de las heridas que sufriera.

La confesión de los hechos se trata de una confesión calificada porque quienes dispararon y ocasionaron con sus disparos la muerte del menor (confesión lisa y llana coincidente con los impactos recibidos por la víctima) afirman que lo hicieron en legítima defensa –presos del miedo– porque a la voz de alto proferida a un grupo de tres personas por Benjamin Cal, respondieron con fuego de un arma calibre .22, calificación esta que quienes la hacen –el niño muerto, desarmado– habrán de probar en el juicio.

Del informe, lo que aparece probado, es que el niño guatemalteco murió por las balas que le fueron disparadas por los citados integrantes de la patrulla FCD-BDF y en tanto estos no prueben la calificación que hacen a su confesión prestada –la carga de la prueba se invierte y corresponde probar su calificación a los imputados– debe estarse a que a los confesos hechores dieron muerte con sus balas y perdigones al menor, dependiendo la gravedad de la responsabilidad incurrida de lo que puedan probar como eximente o atenuante.

Que las balas homicidas no hayan provenido de un oficial del Ejército beliceño, el teniente Rodríguez, militar que disparó una carabina M444 cuyos proyectiles no impactaron a nadie, ni de soldados del Ejército regular militar, sino de sus dos subalternos citados, paramilitares a su servicio y bajo sus órdenes, no libera en absoluto al Estado de Belice de las responsabilidades que le competen, la persecución y castigo de los culpables y –solidariamente– de cuanto resarcimiento les corresponda realizar por lo que hicieron –irrepetible como lo es, fin en sí misma, la vida que segaron.

Que no hayan sido oficiales ni soldados del Ejército beliceño quienes mataran al niño guatemalteco sino fuerzas paramilitares bajo sus órdenes, lejos de liberar al Estado de Belice de responsabilidad, la acrecientan, inconcebible la existencia de fuerzas “paramilitares” al servicio de las fuerzas regulares y –máxime– en la zona de adyacencia,

¿Cuántas armas tienen en su poder los paramilitares beliceños? ¿Cuáles son las órdenes que les han impartido las autoridades militares?

De conformidad con el informe, fue un oficial del Ejército de Belice, el teniente Rodríguez, quien ordenó a los dos paramilitares que permanecieran en el lugar, en posición de descanso (semi sentados) en poder de las armas que llegaron a ser las homicidas.

Los autores del informe dejan sentado que lo que buscan con sus conclusiones es que sirvan para que sucesos como este no se repitan nuevamente.

La Comisión no constituye juez alguno y, en consecuencia, no le correspondía condenar a los autores del crimen ni a calificarlo como asesinato u homicidio (o como ejecución extrajudicial) habiéndose limitado a establecer los hechos que son visibles para una Comisión, ajena a las funciones jurisdiccionales.

Tampoco le correspondía –ni lo hizo– hacer recomendaciones sobre cómo lograr que un crimen como este no vuelva a producirse –siendo los propio hechos establecidos los que llevan implícita la recomendación que debe formularse: No deben tenerse fuerzas paramilitares que actúen como autoridad o como cuasi autoridad dentro de un Estado democrático, brazo “civil” armado de las fuerzas militares regulares– y máxime en lo que constituye una zona de adyacencia.

Los paramilitares que forman parte, como guardias, de la ONG Friends for Conservation and Development, (FCD), esto se desprende del informe, reciben órdenes de las autoridades militares que integran el Ejército regular (BDF) Fuerzas de Defensa de Belice, no siendo aceptable que bajo las órdenes del Ejército beliceño ejerzan funciones de cuya responsabilidad el Estado de Belice se quiera sustraer y menos aún, en la zona de adyacencia, (Continuará).

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