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Opiniones de hoy

Un informe que enreda las cosas

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La premeditada proclama del ministro Barrow.

 

El informe de la comisión independiente integrada por la OEA para investigar la muerte violenta, ocurrida el pasado 20 de abril, del menor guatemalteco Julio René Alvarado Ruano, en la zona de adyacencia administrada por Belice, no es concluyente y deja demasiados cabos sueltos. Lo único claro es que las armas empleadas no son de uso oficial del Ejército beliceño, pero sí de una ONG (una suerte de grupo paramilitar, parece) bajo control de esa fuerza armada, lo cual es mucho más grave a la luz del manejo profesional de la seguridad en una zona tan sensible.

La declaración del agresivo (por razones de política interna) primer ministro de Belice, Dean Barrow, demandando al gobierno de Guatemala “una disculpa” formal (agencia EFE, 26/08/16), es precipitada e irresponsable, aún más seria que la del presidente Jimmy Morales, el 21 de abril desde EE. UU. El informe de la comisión de la OEA para nada reivindica al Ejército de Belice, y aunque deja enormes lagunas en la reconstrucción de los hechos, es claro que las fuerzas armadas no fueron ajenas a la tragedia que, en Belice, por lo visto, ni se discute su impunidad. La responsabilidad de la armada beliceña no solo es táctica, es también estratégica, y sobre ese asunto debe deliberar la OEA.

La misión fue integrada por dos científicos, el Dr. James Hamby, un especialista forense en gestión de laboratorios y armas, de 75 años, ya jubilado del Ejército de EE. UU., quien además fue coronel de la Guardia Nacional de Reservistas de Indiana. Y la doctora Patricia Rosa Linda Trujillo Mariel, miembro de la Policía Federal de México, jefa de Criminalística en la División de Ciencias Forenses, con más de 36 años de experiencia. Sus credenciales de forenses son inobjetables, pero no son investigadores criminales en sentido amplio, necesitaban un director/a de orquesta, por eso el análisis de la información y de  los testimonios no coincidentes de testigos y de referencia, es superficial y no se asoman a (o al menos no incluyen en su informe público) conclusiones categóricas, ni recomendaciones.

Por ejemplo, ¿cuál es la relación (protocolo) entre los miembros armados con escopetas y fusiles (del calibre que mataron al niño guatemalteco de 14 años) de la ONG Friends for Conservation and Development, con los mandos de las Fuerzas de la Defensa de Belice? El problema con un informe pobre en términos de esclarecer circunstancias y contextos, elaborado por dos especialistas de la misma rama, es que queda sujeto a interpretaciones, dando paso a la inmediata proclama de supuestas (y pírricas) victorias, volviéndose lo que una investigación nunca puede ser: herramienta discrecional para una provocación –como ahora el ministro Barrow– que antes que contribuir a restañar heridas y buscar horizontes que permitan superar los problemas, los complican. Si la OEA quiere cumplir bien su rol y ayudar a mantener la paz en la zona de adyacencia, tendrá que volver sobre el tema y ser mucho más agresiva con recomendaciones para las partes.

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