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Opiniones de hoy

El umbral de la paz en Colombia

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Se está dando un momento genuinamente histórico en Colombia que representa una oportunidad única.

El anuncio conjunto este miércoles 24 de agosto entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuezas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP, del cierre del “Acuerdo Final, integral y definitivo”, derivado de dilatadas, de intensas y de complejas negociaciones políticas, es un paso firme y trascendental hacia la terminación del conflicto y la búsqueda de una paz estable y duradera en Colombia.

Y la convocatoria para el 2 de octubre de un plebiscito para refrendar o rechazar este Acuerdo Final, que deberá ser suscrito en septiembre por las partes, “dota de legitimidad la decisión del Presidente (Juan Manuel Santos) y otorga legitimidad democrática a sus acciones, ejercidas en el marco constitucional”.

En el preámbulo de este Acuerdo Final resalto un párrafo que plantea uno de los desafíos críticos hacia el futuro de Colombia a los que el gobierno del presidente Santos está, de un tiempo atrás, enfrentando a través de un bien concebido, planificado y estructurado proceso sistémico de políticas públicas que son comprensivas, coherentes e integrales relacionadas y apoyadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que han ido en paralelo y simultáneas a las negociaciones de paz.

El párrafo del texto del Acuerdo al cual me refiero expresa lo siguiente, “Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza”.

El presidente Santos a los cinco meses de haber tomado posesión, el 7 de agosto de 2010 en su primer período de gobierno, plantea en enero de 2011 en su visita a la sede de la OCDE en París, Francia, su interés en que Colombia fuera parte de esta prestigiosa organización internacional. Le tomó dos años y medio preparar a Colombia para iniciar un proceso formal de adhesion a la OCDE.

Estando en marcha este proceso estratégico que implica entrar en un nuevo paradigma para el desarrollo económico y social en el que se comparten las mejores prácticas de políticas públicas del mundo desarrollado, se evalúan las propias con rigor y se comparan permanentemente sus resultados con altos estándares internacionales, el Gobierno colombiano de forma audaz y oportuna da inicio también a los primeros acercamientos exploratorios que dieron origen a las negociaciones de paz durante el primer semestre del año 2012 bajo los buenos oficios del Gobierno de Cuba.

Ambos procesos que convergen como parte de una estrategia integral le dan sentido, solidez y la perspectiva de realizar los compromisos que se han adquirido en los Acuerdos de Paz.

Se está dando un momento genuinamente histórico en Colombia que representa una oportunidad única, un punto de inflexión en el marco jurídico constitucional de una democracia republicana, en el cual la ciudadanía colombiana de pleno conocimiento tendrá la oportunidad de ponderar la conveniencia de refrendar o de rechazar los Acuerdos de Paz.

Hay altas probabilidades para que la ciudadanía colombiana en una mayoría relativa refrenden los Acuerdos de Paz conforme a las normas electorales establecidas para ello, sin que por eso se subestime a las fuerzas políticas que las rechazan.

A la luz de la experiencia colombiana se aprecia que están en el umbral de la paz y que han evitado repetir las falencias y los fracasos de otros procesos de paz en el mundo, incluyendo los de Guatemala, que a veinte años y medio de suscritos parecieran lejanos e intrascendentes para las nuevas generaciones de ciudadanos y sin un hilo conductor con el desarrollo económico y social del país.

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