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Opiniones de hoy

La modernización financiera, una agenda pendiente

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La financiación de las empresas no solo corresponde al sistema bancario, el sector comercial moviliza millones de quetzales.

El proceso de modernización financiera en Guatemala arrancó, en su primera fase, en 2002 con la emisión de la nueva Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Ley de Libre Negociación de Divisas, Ley Monetaria y Ley de Supervisión Financiera, y en 2010 concluye el proceso con la promulgación de la Ley de la Actividad Aseguradora. Todas ellas disposiciones acertadas que vinieron a dinamizar al sistema financiero sobre bases sólidas que lo han convertido en uno de los más eficientes, rentables y seguros de la región centroamericana.

Pero, faltó concluir el siguiente ciclo, con la promulgación de otras importantes leyes que vendría a complementar a las anteriores, relacionadas con los temas del mercado de valores, garantías mobiliarias, leasing financiero y factoraje; iniciativas que se encuentran engavetadas en el Congreso de la República, inexplicablemente desde hace muchos años. Cosa que resulta inadmisible, sobre todo cuando confrontamos niveles altos de desempleo, subempleo, bajos salarios e índices insoportables de violencia.

Esas leyes complementarias sin duda vendrían a reactivar la economía del país, impulsando las inversiones, apoyando a la pequeña y mediana empresa, promoviendo las exportaciones, creando fuentes de trabajo, formalizando los sectores de la economía subterránea; mediante la facilitación del crédito, operaciones bursátiles y registro de garantías con vistas a dar certeza jurídica a las empresas que otorgan crédito comercial.

La financiación de las empresas no solo corresponde al sistema bancario, el sector comercial moviliza millones de quetzales. Un mecanismo que puede potencializar al sector productivo, es la figura del leasing financiero tanto de bienes muebles e inmuebles, el cual permite a través del pago de rentas periódicas la utilización de maquinaria, vivienda, bodegas, oficinas, computadoras o vehículos a los usuarios –personas individuales o jurídicas–. Solo Guatemala de toda la región latinoamericana es el país que no cuenta con una ley que regule este importante instrumento financiero. No obstante ello, una treintena de arrendadoras tienen una cartera expuesta de alrededor de dos mil millones de quetzales en contratos, compañías que podrían expandir sus actividades si hubiera mayor certeza jurídica y regulaciones que garantice las operaciones al sector y sus usuarios.

Otra fuente de crédito no tradicional, lo constituye el factoraje o factoring (vocablo inglés que se utiliza para designar la acción de compra de facturas o documentos de crédito) que consiste en ceder o descontar una venta al crédito a un tercero, quien financia la operación; herramienta muy utilizada en otras partes que fortalece el capital de trabajo de los negocios, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que tanto necesitan hacer líquidas sus ventas a plazo. Hay una iniciativa de ley que se discute actualmente en el Congreso de la República que formula disposiciones legales sobre el Contrato de Factoraje, cuando debería regular, adicionalmente, la relación financiera entre los sujetos contratantes y establecer requisitos mínimos para sociedades comerciales que se dediquen a celebrar este tipo de negocio jurídico. O sea, aprovechar la oportunidad para promulgar una Ley de Factoraje y no solo de los contratos.

Las operaciones bursátiles también son otro instrumento de desarrollo que necesita un nuevo marco regulatorio, más actualizado en donde se puedan negociar títulos-valor sin trabas ni obstáculos a la libre circulación de pagarés, bonos, acciones y otros valores; ni cortapisas fiscales que impidan su negociación en Bolsa. Los desafíos que impone la globalización económica requiere que las compañías cuenten con fuentes de capital de largo plazo, que hagan posible una mayor capitalización de sus negocios, sociedades de inversión que faciliten las operaciones de capital de riesgo y fondos de inversión que aseguren rentas y diversifiquen riesgos.

Como se ve es impostergable la emisión de estas leyes que con toda seguridad apoyarán el crecimiento de las ventas y producción nacional, apuntalarán los pequeños y medianos emprendimientos, formalizarán la economía, generarán más impuestos al Fisco creando nuevas plazas de trabajo y fomentando las inversiones, vitales en estos momentos para romper el estancamiento que atraviesa la economía del país.

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