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Otro paso adelante

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La segunda generación de reformas, otra vuelta a la tuerca.

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que aprobó el Congreso el pasado 19 de abril (Decreto 26-2016) representaron un avance en materia de usos y controles del financiamiento político, acceso equitativo a los medios de comunicación y mayores potestades al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a fin de gobernar el sistema político y los procesos electorales. Pero los partidos se guardaron muy bien la llave del control interno por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

No hay condiciones para democratizar internamente los partidos. Una ínfima minoría de afiliados proclama a los candidatos/as a cargos de elección popular, y donde no hay organización vigente el CEN decide. El paquete se oferta, como siempre, a través de lista cerrada a los electores. Por eso en su momento se dijo que esas reformas eran necesarias pero insuficientes para renovar el sistema político, como lo demandan las circunstancias a partir de abril de 2015 y hasta la fecha.

El presidente Jimmy Morales consultó con organismos civiles y siguiendo su consejo sancionó el Decreto 26-2016, proponiéndose alentar una segunda generación de reformas a la LEPP. Esta propuesta, que fue entregada al gobernante el lunes 8, es otro paso adelante en la apertura del sistema. Simplifica y agiliza los procesos, e incluye tres novedades que democratizan el régimen político. Por un lado, abre la oferta electoral mediante la figura del “voto preferente” para elegir diputados al margen del lugar que ocupan en las listas (pero deja la opción del listado). Por otro lado, crea la figura del “partido distrital” para promover diputados y corporaciones municipales, con los derechos y obligaciones de los partidos nacionales, con la diferencia que estos postulan en los distritos donde no posean organización permanente. Y en tercer lugar, incluye la paridad y alternancia hombre/mujer en la integración de órganos de dirección y postulaciones, así como la proporcionalidad e inclusión de representantes indígenas en los distritos donde corresponda.

Esta propuesta tiene que tratarla el TSE por medio de la Comisión de Actualización, antes de ir al Congreso y es susceptible de algunos ajustes: el voto uninominal puede ser mucho más ágil y sencillo si los 23 distritos electorales se subdividen (por ejemplo, las zonas 9, 10 y 14 podrían elegir un diputado); las proclamaciones de candidatos/as deberían ser por mayoría de afiliados, como lo propuso la Plataforma Nacional de Reforma del Estado en 2015; y el costo del acceso a medios que emplean frecuencias concesionadas del Estado debe estar incluido en las licencias para no sobrecargar al fisco. El controversial asunto de las Comisiones de Postulación sigue siendo un dolor de cabeza, que al buscarle salidas más lo enredamos. Pero a medida que los órganos del Estado recuperen legitimidad con reformas a fondo en la LEPP, el Congreso deberá recuperar soberanía para elegir directamente –y sin pena– al subsiguiente TSE.

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