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Opiniones de hoy

Reformas, no “ocurrencias” (II Parte)

opinion

Aunque el único mérito de la Constitución de 1985 fuese haber hecho posible el final de la lucha armada, suficiente mérito tendría.

En los Acuerdos de Paz se pactaron reformas a la Constitución –imperfecta y perfectible, pero legítima, así reconocida en Oslo por la insurgencia armada, principio del fin de aquella lucha– y, conforme lo pactado, se siguieron los pasos para hacerlas pero estas –si bien aprobadas por el Congreso de la República– fueron rechazadas por el pueblo en consulta popular (Hubo mano de mono, que conste, en este asunto puesto que se mezclaron aquellas reformas –las pactadas– con muchas otras –inocentes o malignas “ocurrencias”– que llevaron a la confusión del elector.

La reforma fue rechazada pero la votación dejó marcado un mapa terminante e indeleble entre nosotros: el de la composición plurinacional del Estado: Véanse los resultados de Sololá, como ejemplo. Véase, coloreado, el mapa del sí y del no y compréndase, al verlo, el carácter plurinacional del Estado.

La Constitución de 1985 ¡El inventario! contiene normas que, en una u otra forma, reconocen ese carácter plurinacional, sujeto su desarrollo a una ley ordinaria –jamás emitida– mandado constitucional, su emisión, como tantos otros, incumplido.

 Para qué la Constitución y las leyes, si estas no se cumplen?

Paso a paso en este artículo y en artículos sucesivos, iremos haciendo el inventario de nuestra Constitución –punto de partida de cualquier actividad constituyente o reformadora que quiera realizarse. ¿Valdrá la pena intentarlo o más valdría la pena recorrer el camino que jamás hemos recorrido, el de su estricto cumplimiento?

Y, si la reformamos, ¿Lo hacemos por las ramas o llegamos al fondo?

¿Tenemos claro que si reformamos la Constitución, lo que reformamos, es el pacto de paz social que existe entre nosotros?

¡Por favor!, ya las reformas del 94 fueron suficientes “ocurrencias”: las Comisiones de Postulación, las “diosas” del momento, como hoy el retraído y resobado Consejo de la carrera judicial, el “dios” de un supuesto nuevo cuño, una nueva “ocurrencia” en tanto que tampoco se aborda el otro tema de fondo: El cordón umbilical –inexistente– entre representantes y representados: En otras palabras, la composición del Congreso.

¿Un Consejo de la carrera judicial, sin fiscalización alguna? ¿Fiscalizado por sí mismo? ¡Por favor!

¿Comisiones de Postulación etéreas, más allá del bien y del mal? Ocurrencias y ocurrencias –por ocurrentes que sean– que no son sino otro poco de lo mismo.

¿Por qué en vez de quitarle atribuciones al Congreso –el pueblo en él representado– no nos preocupamos porque –en efecto– sea el Congreso la constante expresión del pueblo, fieles los electos a sus electores?

El tema de la plurinacionalidad del Estado y el de la fidelidad de los representantes a la representación conferida –acaso lo mismo– ¿Acaso, por medio de distritos pequeños? –son los temas de los que deberíamos hablar– pero –esto es increíble, pero cierto– constituyen los temas –precisamente– de los que no quiere hablarse.

Si la expresión política del pueblo –el Congreso– no constituye esa expresión política, todo nuestro andamiaje de Estado queda sin sentido y por ello es que la reforma a abordar es la reforma del Congreso, reforma que conduzca a que el Congreso sea, en efecto –reitero– la expresión del pueblo, su expresión constante, y que como expresión suya apruebe los ingresos y los gastos del Estado y –no menos importante– fiscalice y apruebe, o impruebe, la ejecución que se haya realizado. Un Congreso que, como expresión del pueblo, lleve a la judicatura a los mejores y que como expresión suya sopese y evalúe su correcto desempeño.

Un Congreso de la República que ejerza el control político del ejercicio del poder con excelencia y haciendo coro, desde este político control, con las cuatro instituciones no jurisdiccionales que deben controlarlo, la Contraloría General de Cuentas (los ingresos y los gastos), el Ministerio Público (El estricto cumplimiento de las leyes y su consecuente derivado, la persecución de sus infractores), la Procuraduría General de la Nación (la defensa de los intereses del Estado, la consulta y asesorías previas a que el acto se produzca), el Procurador de los Derechos Humanos (la fidelidad del Estado a lo que justifica su existencia, la protección del ser humano) y –preservada la absoluta independencia de estos– con los jueces, al final de cuentas, el control supremo del ejercicio del poder, el de la propia ley, en sus resoluciones y sentencias.

Si no conocemos –ni entendemos– lo que pretenderíamos reformar ¿cómo conseguirlo?

 La Constitución de 1985 es el pacto de paz social entre nosotros –el pacto de paz social que fue hecho a través de los diputados constituyentes– libremente electos por el pueblo para hacerlo– imperfecto y perfectible, pero –la prevención es necesaria– también sujeto a que se pueda destrozar con necedades y ocurrencias.

Nuestra Constitución es garantista y rompió con el centralismo del Estado. Si se cumpliera, Guatemala sería distinta, fraterna, solidaria. Su defecto, que no la cumplimos y –su posible perfección– las normas precisas que hagan que se cumplan, que amplíen su consenso –carácter multinacional del Estado– y que restablezcan – o establezcan – no entraré a discutirlo – el necesario cordón umbilical entre los representantes y los representados.

Y, a propósito ¿Quién es su diputado?

(Continuará el sábado 30 de julio)

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