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Opiniones de hoy

Justicia: Cenicienta del Estado

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El Ministerio de Finanzas Públicas someterá a la aprobación del Congreso el mayor presupuesto de gasto público de la historia nacional para el año entrante (casi Q80 millardos), así como el mayor endeudamiento público para un período fiscal. Por cierto, los expertos anticipan que inexorablemente será otro presupuesto desfinanciado.

Sin embargo, para el Organismo Judicial ni un centavo más. Eso sí, los recursos destinados a gastarse a través del sistema paralelo de gasto público (fondos sociales, fideicomisos públicos, oenegés, subsidios al transporte urbano capitalino, Secretarías de la Presidencia, Consejos de Desarrollo, deuda pública flotante, ejecución de gasto público a cargo de organismos internacionales, etcétera) serán astronómicos. Faltaba más, el gasto discrecional y opaco, los negocios y el clientelismo político no pueden limitarse. A juicio del oficialismo, se puede vivir sin justicia, pero sin negocios y sin clientela política imposible.

Conforme los Acuerdos de Paz y al informe rendido por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, el Estado de Guatemala tiene la obligación principalísima de fortalecer el sistema de justicia, bajo el supuesto de que la justicia es fundamental para la consolidación de un efectivo Estado de Derecho.

Queda claro, entonces, que el Gobierno sigue sin asumir la responsabilidad de cumplir los Acuerdos de Paz y que, por consiguiente, tampoco se cree en la necesidad de fortalecer la administración de justicia en nuestro país, que es, además de la Cenicienta del Estado, el Talón de Aquiles de este.

Los insuficientes fondos para la justicia oficial contrastan con el discurso gubernamental de fortalecer el sistema de seguridad y justicia. La seguridad sin justicia es simple “segurismo”, que se sustenta en la mera represión sin más. El fin último del Derecho es la realización de la justicia y no la pura ostentación de la fuerza bruta.

Por consiguiente, en un genuino Estado de Derecho se juzga a los imputados en procesos legales y garantistas ante tribunales preestablecidos, imparciales e independientes. Luego, la condena y el castigo de los acusados deben ser el resultado de un debido proceso.

Por tanto, en un Estado de Derecho la seguridad sin justicia queda coja y deviene insuficiente para alcanzar la paz social. Es más, la seguridad sin justicia es fuente de todo tipo de arbitrariedades y abusos.

Se habla de más impuestos para justicia, pero de lo que no se dice nada es qué recursos hay, pero lo que pasa es que se destinan a otros menesteres. De esa cuenta, urge que el Ministerio de Finanzas Públicas, además de ajustar el presupuesto estatal a la realidad financiera del Estado, reduzca drásticamente los renglones presupuestarios destinados a alimentar el sistema paralelo de gasto público y asigne más recursos a las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto de Ciencias Forenses, Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario). Es cuestión de prioridades.

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