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Opiniones de hoy

Libertad a presos políticos

opinion

Guatemala niega esta categoría.

 

Qué es y qué no es un preso político. Un largo y viejo debate. A ese propósito la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos en su boletín electrónico 2012, nos refiere que: el 3 de octubre de 2012 fue aceptada por el Consejo de Europa en Estrasburgo una definición sobre la categoría que el profesor Christoph Strasser, uno de los pensadores políticos, atrás del concepto, lo sintetiza así: “Un preso político es una persona que a causa de sus creencias y actividades políticas está encarcelada”. Guatemala, tiene una larga tradición en la aplicación de cepo y cárcel a aquellos heroicos personajes que alzan la voz en contra de los –generalmente– ilegítimos detentadores del poder.

Durante las cuatro décadas previas a la firma de la paz, Guatemala “optó” por la política de muertos políticos y ufanamente explicaban los generales y diplomáticos de la época a la prensa o en foros internacionales, que en Guatemala no había presos políticos; pretendiendo hacer creer a la nación y al mundo que aquello era producto de las libertades ciudadanas que gozaba el país. Nadie por supuesto, creería aquella patraña. Con la llegada de la paz, toman cuerpo los implantes de la globalización económica, en las entrañas mismas de los territorios ancestrales. Se aceleró la incursión de industrias extractivas. La idea de los advenedizos empresarios: hacerse de nuestros exuberantes bienes naturales a bajo costo. Obviamente la incursión empresarial cuasi secreta –sin consulta a la población, estudios de impacto por cambio de uso de suelo, capacidad hídrica del lugar, usos y costumbres de la población– provoca la natural y adversa reacción de los pueblos.

Amparadas las poblaciones en la Constitución de la República, leyes ordinarias y tratados internacionales, deciden oponerse por la vía pacífica a la intromisión en sus campos. Para el efecto utilizan la movilización social, denuncia nacional e internacional, recursos ante la justicia, paradas cívicas y generación de opinión pública; aquel conjunto de acciones legítimas de los pueblos son tergiversadas judicialmente y se lanza una razia, en contra de la dirigencia social. Este es el caso de Rigoberto Juárez, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Domingo Baltazar, Arturo Pablo, Ermitaño López y Mynor López, todos judicializados y presos, por peligro de fuga o entorpecimiento de la justicia. Sin embargo, a los agroindustriales que desvían ríos se les invita a dialogar. Rancia doble moral republicana. Estamos frente a un juicio político indigno en contra de dirigentes honestos. ¿por qué calla la academia frente a la ignominia? Libertad a estos próceres populares.

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