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Opiniones de hoy

Los motores del cambio

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Las leyes no cambian la realidad

 

Es necesario que la ola ciudadana de 2015 y el prolongado remolino del MP y la CICIG aterricen en reformas estructurales durante este año y el próximo. La segunda generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que promueve el presidente Jimmy Morales, acompañado de instancias civiles, puede centrarse en solo dos temas: la democratización interna de los partidos y, sobre todo, el voto uninominal en listas semiabiertas. Eso, agregado a los avances normativos en el control del financiamiento político, el acceso equitativo a los medios y el fortalecimiento del TSE, crearían las condiciones para la renovación de los órganos de representación popular en 2019.

En materia de justicia, la Ley de Carrera Judicial es un notable avance y las reformas constitucionales que se promueven, aunque tocan los temas importantes, no tienen claras su viabilidad política (por ejemplo, la pertinente eliminación del antejuicio o el pluralismo jurídico, también indispensable) ni la alternativa (es el caso de las Comisiones de Postulación para Corte de Constitucionalidad, o la integración de la  propia CC). Pasen o no las reformas constitucionales, es menester continuar reparando el modelo de justicia y seguridad, para lo cual hay que volver la mirada sobre la Ley de Amparo y Exhibición Personal (una total coladera, inmovilizadora), así como sobre la vetusta Ley de Orden Público.

Pero hay una reforma que ha estado relativamente fuera del foco del debate público, y es la económica. El capítulo más débil de la Constitución es sin duda el fiscal. Al Estado se le cargan todos los deberes, pero se le niegan los recursos. Y cuando eso ocurre las instituciones pierden legitimidad y, por tanto, autoridad. De todos modos con legislación ordinaria también se puede trabajar. Una verdadera ley antimonopolios allana el camino de la competencia y el fin de los privilegios, causantes de la insoportable brecha social, madre de tantos males y frustraciones.

Lo que debemos tener claro es que las reformas a las normas son un sello, positivo y no necesariamente vigente. Las leyes no cambian la realidad. La realidad del país ha cambiado en el  último año sin haber tocado la Constitución ni las leyes ordinarias. La realidad la cambió la gente en las plazas y en las propias urnas; además, el MP y la CICIG haciendo un trabajo independiente. Es menester entonces que esa nueva realidad se refleje en el ordenamiento jurídico, sin exigirle a la ley que dé más que la realidad, para que no se vuelva letra muerta. Si ya está demostrado que una ciudadanía atenta y participativa, y una justicia independiente son motores del cambio, entonces no hay que apagarlos. Al contrario, hay que encender más motores para que el cambio sea más amplio y equilibrado, más difícil de revertir, constituyéndose en una enorme ola con alcance de al menos 20 años, necesarios para ser viables como país.

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