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Opiniones de hoy

Poderes, geopolítica y ciudadanía

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En un diseño que han venido aplicando en Paraguay, en Brasil, en Guatemala; que pretenden seguir aplicando en Venezuela.

La última semana dos eventos consecutivos dieron cuenta cómo “el caso Guatemala” referido a los acontecimientos que se han registrado desde abril del 2015 hasta la fecha, como consecuencia de las investigaciones desarrolladas por CICIG y el MP, está queriendo ser llevado al terreno de una batalla ideológica por una amalgama de actores que aparentan diferencias irreconciliables pero que, en el fondo, defienden intereses de poder en común.

Me refiero a los pronunciamientos del foro de Sao Paulo que reúne a la mayoría de partidos políticos definidos como de izquierda de los países latinoamericanos, y del discurso del presidente Daniel Ortega de Nicaragua al tomar posesión de la presidencia pro tempore del mecanismo de integración regional SICA, ambos acaecidos la semana pasada en El Salvador y Honduras, respectivamente.

Al concluir la cumbre de partidos de izquierda se advirtió que Guatemala está siendo utilizada como laboratorio político con la presencia de la CICIG, afirmando que se trata de un claro esquema intervencionista. Casi de manera calcada el presidente Daniel Ortega que no asistió a la cumbre de presidentes de la región en Honduras, mandó un mensaje leído con motivo de asumir Nicaragua la presidencia del SICA en el que advirtió que la región “vive tiempos de profundización de la injerencia y la intervención del imperio. En un diseño que han venido aplicando en Paraguay, en Brasil, en Guatemala; que pretenden seguir aplicando en Venezuela”.

Este posicionamiento se parece mucho al de sectores internos de connotación ideológica opuesta, extremismos ideológicos diametralmente opuestos que por razones distintas convergen en este caso, aduciendo que se trata de una trama injerencista. Bajo esta lupa, el desmantelamiento de redes de poder corruptas que en el caso guatemalteco tenían de rodillas al Estado limitando su actuación para cumplir sus funciones constitucionales, constituye según la lectura de estos bloques, una seria amenaza para el resto de países de la región.

En otras palabras, desarrollar capacidades institucionales de investigación y justicia nacionales para someter a poderes corruptos que detentan el poder, no forma parte del ideario político para quienes sostienen esta posición. Tampoco pareciera ser relevante para ellos que haya sido una amplia movilización ciudadana la protagonista del derrumbe de un gobierno exacerbado por los niveles de corrupción, como tampoco es relevante que todo ello se haya realizado mediante acciones pacíficas y ordenadas, sin romper el orden constitucional. Para ellos, todo lo sucedido se reduce a un juego de PlayStation manejado desde la capital del imperio que tiene el control absoluto de países pequeños como el nuestro hasta de gigantes como Brasil.

El éxito de la CICIG en cumplir las funciones para las que fue creada, siguiendo todos y cada uno de los procedimientos legales-constitucionales y contando con el aval de cinco gobiernos sucesivos y de una mayoría ciudadana, desbarata cualquier argumento injerencista y solo refleja el temor que hay en muchos gobiernos a verse en el espejo del caso guatemalteco, que ha pasado a convertirse en un mal ejemplo y un fantasma intervencionista digno de ser borrado del mapa geopolítico de la región, según los pronunciamientos antes citados. Tal vez sea precisamente el origen ciudadano de la CICIG lo que moleste a los esquemas de poder tradicional que se mueven y dividen a las sociedades en bandos ideológicos.

Si hay países que dicen estar siendo presionados o amenazados para constituir un modelo de CICIG por parte de terceros países, están en todo su derecho de rechazarlas en resguardo de su soberanía. Pero cuando es la misma sociedad la que exige poner en marcha mecanismos de cooperación para defenderse de los abusos de poder de un sistema cooptado por intereses mafiosos y corruptos, nadie está por encima de la soberanía ejercida directamente por una mayoría ciudadana que demanda ser gobernada por líderes más honestos que rindan cuentan a sus ciudadanos.

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