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Opiniones de hoy

Necesaria prevención

opinion

En lo civil, la nulidad es absoluta y, en lo penal, el comiso es una pena inevitable. 

Y, una vez más, debo referirme ¡Es inevitable! al comiso (el comiso, 11 parte, podría llamarse este artículo) ya que nada –absolutamente nada– se tiene que hablar, si de negociar se trata, con la entidad danesa que adquirió la titularidad de las acciones de la empresa española que se hizo ilegalmente de un bien público e hizo inversiones en el mismo para hacerse de utilidades indebidas: pingües ganancias en perjuicio del Estado: el fin último de la sucesión de delitos perpetrada.

Dos fueron los instrumentos del concurso de delitos que persigue el Ministerio Público-CICIG en el caso de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal –el primero– el dinero para sobornar a los funcionarios y –el segundo– el dinero invertido en el bien público cuyo usufructo oneroso se adquirió mediante un contrato nulo y sobornado, dinero este último convertido en construcciones y en otros elementos para hacer el bien público rentable y hacerse –así– de sus ganancias.

 Ambos instrumentos del delito: lo dado en sobornos y las inversiones realizadas deben caer –necesariamente y tras el debido proceso– en comiso –pena accesoria– el comiso –a las penas principales y que consiste en la pérdida de la propiedad de estos bienes en favor del Estado.

El comiso no es negociable y nada tiene que hablar el Estado de Guatemala con la empresa danesa, si de negociar se trata las inversiones que necesariamente serán objeto de comiso.

El tema se maneja, también, en un tribunal de extinción de dominio, ejercitada en este una acción distinta a la penal y que –como ya señalé– en su momento –habría de referirse más al origen espurio que pudieran tener las inversiones que a las inversiones mismas, como instrumento que fueron del delito, asunto este último que es el penal –y toral– y el que conduce a la pena de comiso.

Nada pues que hablar o negociar con la entidad danesa –quede claro– si se refiere a lo penal y a la inevitable pena accesoria de comiso.

 Sin embargo, sí existe mucho que hablar con ella si de lo que se trata es de hacer causa común o, al menos, coordinar las causas, para que la entidad danesa recupere el dinero que le habría sido estafado por los empresarios españoles haciendo caso omiso de los vicios ocultos de la propiedad que transmitieron (propiedad producto de delitos) y para que el Estado de Guatemala, tal y como le
corresponde, llegue al comiso.

Si la entidad danesa se interesa por la operación de la Terminal de Contenedores y si el Estado se interesa por concesionarla, pues –no queda otra– tendrán que seguirse todos los pasos establecidos por la ley para que pueda otorgarse una concesión.

Quede hecha la advertencia –a tiempo– para que no nos veamos envueltos de repente en “usufructo oneroso dos” –supuestamente “revirginizado”, pero tan nulo como el primero.

No existe acuerdo posible puesto que no se puede transar con el delito como tampoco con la nulidad: lo que es nulo, nulo es y que la Terminal no opere no es sino asustar con el petate del muerto –intervenida puede operar, en tanto se da el comiso– y llevar a la consagración de lo indebido: Que el bien público en que se asienta la Terminal de Contenedores –sin un proceso de concesión, exigido por la ley– quede en manos de quien delinquió o de sus sucesores: Todo seguiría siendo nulo, a pesar de las negociaciones “virginales” –y revirginadoras”– y delito.

Cuidado, pues –prevención a tiempo– que esto no se trata –como la polaca– de corre y va de nuevo. 

Y siguiendo con ese mismo ánimo de prevenir, a tiempo: ¿Se le fijaron ya los honorarios al interventor? ¿Rindió ya el interventor su primer informe al tribunal?

Llega uno a cierta edad en que se permite dar consejos –y he llegado– siendo muchísimo cuanto se puede decir como falacia ad hominem en mi contra
–pero que no descalifica lo que digo– inobjetable –como inobjetable lo dicho por Alejandro Balsells, por ejemplo, con respecto al debido proceso, sin que afecte a lo que dijo su relación profesional con Álvaro Mayorga, o a lo dicho, en igual sentido, por Gabriel Orellana –también inobjetable– sin que afecte a lo suyo que sea el presidente de Canal 3 de televisión.

La verdad, es la verdad: no importa quién la diga.

Los plazos –término señalado por la ley para hacer algo– son leyes de la República y deben cumplirse, sin excusas ni pretextos –correspondiendo al Ministerio Público velar por su cumplimiento y perseguir a sus infractores (Si es en materia judicial, por retardo doloso (malicioso), o culposo (incumplimiento de deberes), en la administración de justicia).

Las autoridades no deben polemizar con los procesados, salvo en el tribunal y dentro del proceso: única arena para su contienda y no debe hacerse uso de la prisión colectiva como castigo – que no lo es – sino, antes bien, medida excepcional de la que debe hacerse uso en la forma menos gravosa y durante el menor tiempo posible.

Si en al año 2009 la corriente de los mismos que hoy alaban, hubiese triunfado –CICIG incluida (la defendí, entonces, incluso sin conocerla)– no hubiéramos tenido la Magistrada y Presidenta de la Corte Suprema de Justicia que tuvimos y la Fiscal General que hoy tenemos. Amén.

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