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Opiniones de hoy

Anulación de pactos colectivos

opinion

Juzgar las verdaderas intenciones detrás de una acción siempre es un asunto complicado, más todavía cuando el responsable de las mismas es alguien como el actual presidente del Congreso. Sean cuales sean las últimas intenciones de Taracena, lo cierto del caso es que hace lo correcto en lo que se refiere a demandar la anulación del pacto colectivo de los empleados del Congreso. Para desgracia de los guatemaltecos, es tan grande el poder de los sindicatos públicos que ni siquiera alguien como él es capaz de hacer algo para racionalizar las malas prácticas, desmanes y abusivos beneficios que un relativamente pequeño sindicato ha logrado a lo largo del tiempo. Son tan largos y poderosos los tentáculos de las redes del sindicalismo público que hasta las más altas y poderosas instancias legales están al servicio de sus intereses. No causa sorpresa, pues, la forma en que la CC reaccionó ante la legítima y justa petición del presidente del Congreso de solicitar la anulación del referido pacto.

No es la primera vez que esta Corte muestra su completa obediencia a la voluntad de la cúpula sindical, sin que le importe mayor cosa los efectos que sus decisiones puedan tener sobre el bienestar de los guatemaltecos. Lo más grave de todo es que el pacto en cuestión, al final de cuentas, no es el que más afecta el presupuesto público o el que más dificulta la gestión pública. Sin embargo, ni el propio presidente de un organismo del Estado es capaz de cambiarle una coma a dicho pacto para favorecer los intereses del pueblo. Es poco lo que se puede esperar de instancias de o funcionarios de menor jerarquía, como los juzgados de Trabajo o el ministro de Trabajo, en materia de revisión, anulación o limitación de dichos pactos. Esperemos que Taracena continúe su quijotesca lucha, aunque lo que tenga por delante sea un interminable viacrucis. No está solo en esta aventura contra el sindicalismo público ideológico, corrupto y radical, todo el pueblo apoya lo que hace; estamos hartos que los sindicatos públicos mantengan secuestrada a las finanzas públicas y la gestión gubernamental. Ya es tiempo que la dirigencia de los sindicatos públicos y sus aliados rindan cuentas de sus acciones.

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