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Opiniones de hoy

La institución del antejuicio

opinion

Nos encargamos de prostituir las instituciones y, después, ya prostituidas, nos rasgamos las vestiduras y renegamos de las mismas.

La Constitución Política de la República establece –Artículo 4– que todos somos iguales en dignidad y derechos, mandato constitucional que no puede tener otras excepciones que aquellas que la propia Constitución establece –excepciones que, en efecto, contenidas en el texto constitucional, tienen absoluta validez, tanta, como la norma citada y que, en consecuencia, no pueden ser inconstitucionales ya que tan norma constitucional son la citada que consagra la igualdad como aquellas que contienen excepciones.

Las excepciones se encuentran expresamente citadas en el texto constitucional, no siendo válida –salvo inmunidades diplomáticas– excepción alguna que la Constitución no contemple.

En la específica materia de persecución penal todos –todos, por igual– podemos ser detenidos y procesados salvo aquellos funcionarios cuya función pública pretende proteger la Constitución y que ordena, así, que salvo el caso de delito flagrante –antes de detenérseles y procesárseles debe declararse (en un procedimiento previo –no judicial) que existe razón suficiente para hacerlo y retirarles la protección citada.

En la doctrina universal surgió la institución del antejuicio como una barrera de necesaria protección a las funciones de los jueces, sujetos a ser objeto de denuncias –carentes de fundamento alguno– para entorpecer el ejercicio de sus funciones –incluso tomar venganza por sus fallos– habiendo parecido prudente que para proteger el ejercicio de esas funciones no se les pudiera detener ni procesar antes de que –en un procedimiento – no judicial– se evaluara la gravedad de las imputaciones y la necesidad o conveniencia de su procesamiento inmediato.

La Constitución de 1985 tiene con respecto a la institución del antejuicio, si bien no se limita a los jueces, un criterio restrictivo y, así, lo establece para proteger el ejercicio de las funciones de los siguientes funcionarios (1) Presidente de la República (2) Vicepresidente de la República (3) Ministros de Estado (4) Fiscal General de la República (5) Procurador General de la Nación (6) Contralor General de Cuentas. (7) Procurador de los Derechos Humanos (8) Diputados al Congreso de la República o a una Asamblea Nacional Constituyente (9) Magistrados y Jueces (10) Alcaldes Municipales. (11) Secretario General y Secretario Privado de la Presidencia de la República, y (12) Gobernadores Departamentales.

Los Viceministros no lo tienen, salvo si están al frente del Despacho.

Todos estos –sin excepción– pueden ser detenidos –sin necesidad de antejuicio alguno– en el caso de flagrancia delictiva pero –si no existe esa flagrancia– no puede detenérseles, ni procesárseles, sin que se haya desarrollado la evaluación previa –no judicial– llamada antejuicio y que este se haya declarado con lugar, es decir, que se encuentren elementos de juicio suficientes que aconsejan que el funcionario –sin privilegio alguno– responda por los hechos que se le imputan, declaración que no prejuzga sobre la culpabilidad del funcionario y que en nada perjudica la presunción constitucional de inocencia.

La resolución que se produce en el antejuicio –decisión no judicial– puede obedecer –y obedece– a consideraciones de oportunidad y conveniencia (oportunidad y conveniencia no del funcionario sino de la protección de la función pública y, en consecuencia, sopesado el daño que sufriría la función pública con respecto a la gravedad de las imputaciones, podría declararse sin lugar –declaración que no impide la persecución penal cuando el funcionario ya no se encuentre en ejercicio del cargo y, en consecuencia, no exista ya ninguna función pública que se deba proteger.

Los legisladores ordinarios y la propia prensa se han encargado entre nosotros de prostituir el antejuicio –aquellos, ampliando su ámbito a los candidatos, los suplentes y los parlamentarios centroamericanos–, lo que la Constitución no contempla y quitándole el necesario efecto suspensivo: declarado con lugar un antejuicio, el funcionario debe quedar suspendido –de inmediato– pero la ley ordinaria permite que lo siga ejercitando y –inconstitucional y gravísimo– dándole efectos de no posible persecución penal ulterior si se declara sin lugar, como que si se tratase de sentencia y –la prensa– dando cabida a titulares tan absurdos ¡Soberana payasada! como que alguien renunciara al derecho de antejuicio, “derecho” que es irrenunciable puesto que no se establece en función del funcionario sino de la función que desempeña.

La eliminación del antejuicio puede ser sumamente peligrosa en una sociedad en la que se judicializa la política y se politiza lo jurídico, sociedad en la que los jueces son tan influenciables por las corrientes mediáticas y por tantas otras cosas, presos aún –muchos de ellos– de la vieja cultura de esbirros y de encubridores –esbirros de los débiles y encubridores de los poderosos.

Con buenos jueces, sin amo –pero no tan solo que cambien de amo sino– de verdad –sin amo– tan solo sujetos a la ley –por innecesario–, entonces y solo entonces ¡No al antejuicio! Y, claro está, si se le va a seguir prostituyendo ¡No al antejuicio! En todo caso, para poder hacerlo, se precisaría reforma de la Constitución de la República.

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