La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ante el desfase entre los ingresos tributarios presupuestados y los reales, ha iniciado un amplio operativo de inspección de los contribuyentes, a fin de establecer si están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. 

No obstante, para ninguno es un secreto que el contrabando (introducción o exportación de productos sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente) y la defraudación aduanera (mercaderías introducidas fraudulentamente) son los causantes de la mayor evasión tributaria en nuestro país.

El Fisco deja de percibir decenas de millardos de quetzales anuales, por razones del contrabando y de la defraudación aduanera, por lo que se convierte en la mayor fuente de evasión tributaria. Empero, estos delitos no solo se traducen en evasión tributaria, sino que también inoculan el veneno de la corrupción y la impunidad a todas las instituciones estatales, especialmente en aquellas que están encargadas del control de legalidad y del castigo a los criminales (tribunales, fiscalías, cárceles y policía).

La impotencia de la SAT, del Ministerio Público y de los tribunales de justicia de cara al contrabando y a la defraudación aduanera, es verdaderamente patética. La compra de voluntades se da a todo nivel y todo se “lava”. Se planea y ejecuta el asalto mafioso de las instituciones del sector justicia, así como el socavamiento del sistema de control financiero del Estado, para fines de impunidad, sin que nadie objete o se oponga. Los mafiosos y funcionarios corruptos hacen gala de sus artilugios, trampas, ardides y componendas, y, por supuesto, se pavonean haciendo alarde de sus logros, inmoralidades, lujos y excentricidades.

El poder de los “capos del contrabando” es tal que, no satisfechos con su desleal “ventaja competitiva” (derivada del no pago de impuestos), se dan el lujo de presionar y lograr que las autoridades estatales eleven los aranceles (impuestos de importación) a los productos que internan ilegalmente al territorio nacional u hostiguen a través de inspecciones y reparos, para que sus competidores, que sí pagan impuestos, quiebren o salgan del mercado, dada la imposibilidad de bajar sus precios.

Por consiguiente, la SAT no debe perder el tiempo en “sacar agua de las piedras”, sino que debe aplicarse en el combate contra el contrabando y la defraudación aduanera, que tienen la mayor incidencia en la evasión tributaria.