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Opiniones de hoy

¡Manos a la obra! (el Comiso, VII parte)

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Lo primero, es lo primero.

Cuatro son las instituciones no jurisdiccionales de control del ejercicio del poder y una de ellas, la Procuraduría General de la Nación, la de más amplio espectro, siendo asesora y consultora, como lo es, de todos los órganos del Estado (de todos, sin excepción alguna) lo que incluye también, en consecuencia, a las otras tres: La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos. (La Procuraduría General de la Nación, consultora y asesora de todas estas y, como tal, sin serlo, un poco parte de todas).

El Procurador General de la Nación, –representante, además, del Estado– es nombrado por el Presidente de la República, funcionario este, el Presidente, que, entre nosotros, representa la unidad nacional y es electo por el pueblo –tal el sistema– con dos funciones distintas, la de Jefe de Estado y, a la vez, la de Jefe de Gobierno. 

¿Quiere el Presidente de la República que se produzca en Guatemala lo que, al final de cuentas, determinó que ganara las pasadas elecciones y accediera al poder? ¿Quiere que los órganos del Estado –todos– actúen como les corresponde? ¿Que se cumpla la Constitución –nuestro pacto de paz social– y que todos actúen ajustados a sus normas? ¿Quiere que se cumpla ese sueño que soñó y que logró que todo el pueblo lo soñara?

Pues, como reza la sentencia popular ¡manos a la obra! Y, lo primero, lo primero: el rescate de la Procuraduría General de la Nación –la descrita e importante institución del Estado que ha sido minimizada deliberadamente, convirtiéndosela en una patética caricatura de sí misma: entregada, cual desecho, a mimados achichincles o bien a encubridores, esbirros e ignorantes (sobran con creces los dedos de la mano para contar las excepciones), institución que, si eficiente y restaurada en su autoritas, puede ser crucial para las otras. 

Dese a la Procuradora General de la Nación el espacio que le corresponde y llévesela, así –asesora y consultora– a las Juntas de Gabinete. ¿Cómo poder asesorar, sin saber lo que se trata?

¿El asesor y consultor, sin enterarse? ¡Por favor! 

Restitúyase a la institución la dignidad económica que le corresponde –“con caballos desnutridos no se puede ganar el Derby de Kentucky” (pencos decía, Raúl Gavarrete)– la Procuradora General de la Nación pagada –por lo menos– como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y, así, el Subprocurador; los jefes de Sección, al menos, como Magistrados de la Corte de Apelaciones, los abogados del Estado, como Jueces de Primera Instancia y sus oficiales, como oficiales de los mismos y désele a la Institución lo necesario para que pueda tener los técnicos y mandatarios que precise. 

No puede manejarse la representación del Estado y la asesoría y consultoría de los órganos y entidades que lo integran –la defensa de su patrimonio y de sus diversos intereses– con solo cascaritas de huevo.

Hablando con nombres y apellidos –en este momento crucial de nuestra historia– precisa el Presidente de la República Jimmy Morales Cabrera de una Procuraduría General de la Nación fuerte–restablecida su autóritas– lo que empieza por respetar el período constitucional de la actual Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, período que concluye el 18 de mayo de 2018, ni un día antes, ni uno después, funcionaria que fue nombrada por el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, tal y como lo fuera también la Fiscal General, Thelma Aldana, funcionaria esta última cuyo periodo constitucional concluye en esa misma fecha, 18 de mayo de 2018, ni un día antes, ni uno después.

El Presidente puede nombrar a estos funcionarios, pero no destituirlos –protegidos por el período constitucional que les corresponde–, salvo –así lo dice el texto constitucional– justa causa debidamente establecida –tal y como ocurre con el propio Presidente de la República cuyo período constitucional puede verse interrumpido en los casos que la Constitución tiene establecidos.

En mi período constitucional como Procurador General de la Nación, 18 de mayo de 1994 – 18 de mayo de 1998, período de oro de esta institución –inmediatamente después tan venida a menos– estuvieron literalmente a mi derecha y a mi izquierda –Subprocuradores –inolvidables– Ramiro Ordóñez Jonama y Wilfredo Valenzuela–importante equilibrio– secundados por Alfonso Álvarez Lobos –años después, Presidente de la Corte Suprema de Justicia–, y Haroldo Santos, juristas todos de primera dimensión y así, los jefes de sección y los abogados de las mismas, necesario “lujo” que pudo permitirse. 

¿Comiso? 

¿El éxito no ocurre porque sí ¿Qué pasa que no llegamos a entenderlo? ¡Es preciso forjarlo!

(Continuará)

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