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Opiniones de hoy

No hay dinero más caro que el que no se tiene

opinion

Mediante la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto # 7-2015 del Congreso), que cobrará vigencia a partir del próximo martes 8 de marzo, se limitan los intereses que las empresas emisoras de tarjetas de crédito cargan y cobran a los tarjetahabientes, supuestamente para beneficiar a los consumidores.

Esta disposición legislativa es absurda, porque, a través de la misma, se pretende regular el crédito comercial, que permite a muchas personas tener acceso a un financiamiento para la adquisición de bienes y servicios que de otra manera no les sería dable.

De esa cuenta, no es cuestión del costo de los recursos para el usuario (consumidor), sino del acceso al crédito que le garantizan los emisores de tarjetas. El principio que rige es aquel que reza: No hay dinero más caro que el que no se tiene.

Cabe advertir, asimismo, que estos créditos al consumo, por principio, son riesgosos, ya que para su otorgamiento no se piden garantías y solamente se toma en cuenta la capacidad actual de pago del sujeto de crédito, y esta es la principal razón por la cual los intereses que se cargan y cobran a los tarjetahabientes son generalmente altos.

Consecuentemente, los emisores de tarjetas de crédito se ven obligados a manejar altos niveles de mora, a hacer importantes inversiones en la recuperación de la cartera (cobranza) y a promover procesos judiciales en los que los deudores tienen muchos mecanismos de defensa para dilatar o evadir el pago.

Por otro lado, la referida ley es inconstitucional, porque, en tanto no se limiten los intereses que cobran los bancos, se da una clara discriminación para los emisores de tarjetas de crédito, lo cual es, además de un contrasentido, una normativa incompatible con la Constitución.

Aunque, las empresas emisoras de tarjetas de crédito solicitaron al expresidente Alejandro Maldonado que vetara la ley de marras, a pesar que la misma fue aprobada por el Congreso sin respetar el debido proceso legislativo, este no lo hizo, bajo un criterio meramente político y no jurídico.

En todo caso, la Corte de Constitucionalidad (CC), en un caso análogo, declaró inconstitucional una disposición legal que imponía “tope” al precio del crédito y para cuya aprobación el Congreso tampoco había observado el debido proceso legislativo. Por tanto, se esperaría que la CC confirme este criterio jurisprudencial.

Irónicamente, lo que los politiqueros del Congreso dicen proteger, o sea el consumo de los guatemaltecos, lo que están haciendo es causarles a estos un daño irreparable. Sin embargo, lo peor de todo es que estos politiqueros no entienden que no entienden.

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