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Opiniones de hoy

Publicidad de los patrimonios de los funcionarios

opinion

El lunes pasado, el presidente de la República, Jimmy Morales, tal y como lo había prometido, presentó su declaración jurada patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) e hizo público que el valor de su patrimonio lo estimaba en la suma de Q8.5 millones. Asimismo, ayer jueves el vicepresidente Jafeth Cabrera declaró que su patrimonio personal asciende a Q8 millones. Morales y Cabrera son los primeros gobernantes que hacen públicos sus patrimonios personales. Sin duda, un precedente valioso y digno de emulación.

En todo caso, debe tenerse presente que la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos (LPRFEP) dispone que la declaración patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deberán presentar ante la CGC, los funcionarios públicos como requisito para el ejercicio del cargo o empleo; y, al cesar en el mismo, como requisito indispensable para que se le extienda el finiquito respectivo. Es decir que la declaración jurada patrimonial es una proclamación de bienes que los funcionarios deben entregar a la CGC al iniciar y al cesar en su función.

Asimismo, la Constitución establece que todos los actos de la administración estatal son públicos y que los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.

Bajo ningún punto de vista puede tenerse a la declaración jurada patrimonial presentada por los funcionarios como información privada proporcionada por particulares, que son quienes no tienen título o empleo que les distinga de los demás o aquellos que, como individuos, no ostentan autoridad pública o no representan a ningún organismo o entidad estatal; y, por ende, dicha declaración no puede estar revestida de confidencialidad (secreto o reserva), por lo que debe tenerse como pública, del pueblo, susceptible de divulgación irrestricta y de libre acceso para los ciudadanos.

No obstante, la LPRFEP también dispone que los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse proporcionados bajo garantía de confidencialidad; y, asimismo, prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo podrán verificarse dentro de un proceso judicial. Inequívocamente, esto último es incompatible con la normativa constitucional de irrestricta publicidad de los actos de la administración estatal, porque otorga garantía de confidencialidad a las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por funcionarios (que no son particulares), las que no pueden tenerse como datos suministrados por particulares.

Por tanto, la impugnación presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en mayo del año pasado, a fin de que se declare inconstitucional y sin vigencia la norma ordinaria que otorga el carácter de confidencial a las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por los funcionarios, es atendible y pertinente. De esa cuenta, la CC debería declararla procedente sobre todo después que el presidente Morales ha abonado en aras de la transparencia.

Por supuesto, lo anterior sin perjuicio de que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cuáles son los patrimonios de los funcionarios, al inicio y al final de sus gestiones, para fines de determinar si se enriquecieron ilícitamente o no en el desempeño de los cargos.

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