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Opiniones de hoy

¿Llamamiento a una asamblea constituyente?

opinion

Los ciudadanos votan por partidos y no por candidatos.

 

El poder constituyente es la voluntad suprema, legítima y soberana del pueblo, que le permite autogobernarse y fundar y organizar un Estado que garantice a los habitantes la vida, la integridad personal, la libertad, la seguridad y la igualdad, que se rija por leyes legítimas, generales, abstractas, razonables y coercibles, cuya finalidad sea la realización de la justicia y la consecución del bien común y la paz social.

De suerte que el poder constituyente radica en el pueblo y se manifiesta de manera directa, a través de referendos o consultas populares, o de manera indirecta, por medio de la elección de legítimos representantes en comicios libres, limpios y justos, basados en un efectivo sufragio, que se reúnen en asamblea constituyente.

El poder constituyente decreta la Constitución, que es la norma suprema del Estado, que contiene los derechos fundamentales y programáticos de las personas, así como los principios democráticos y republicanos; y, asimismo, la delimitación y determinación de las funciones y competencias de los órganos, instituciones y entidades estatales.

Tradicionalmente, el poder constituyente, por vía indirecta, se ha conformado e instalado con diputados electos entre candidatos postulados por partidos políticos, a través de un sistema de elección plurinominal, mediante el cual se elige a los diputados a través de planillas o listas de candidatos elaboradas por los partidos, lo que supone que los ciudadanos votan realmente por los partidos y no por los candidatos.

Dada la degeneración de la partidocracia, sin duda la gran responsable de la desinstitucionalización y del fracaso de la apertura política de 1985, sería un “suicidio ciudadano” confiar a la partidocracia la integración de una asamblea constituyente o, incluso, una reforma constitucional a través de un Congreso dominado por la “vieja política”, porque estoy convencido que sus dirigentes y financistas no están dispuestos a desmontar el actual sector público clientelar, prebendario, lucrativo y predispuesto a la cleptocracia, ni tampoco están comprometidos con la imposición de límites al ejercicio del poder, la transparencia, la eficacia fiscal y la erradicación del abuso de autoridad y de la impunidad. ¡Dios guarde!

Por tanto, antes de convocar a una asamblea constituyente o de reformar la Constitución por la vía del Congreso, con la pretensión de fortalecer el Estado de Derecho, deben modificarse las reglas del juego para la elección de diputados. Al efecto, debe instaurarse el sistema de elección uninominal (directa) o de competencia abierta, con tantos distritos como diputados se elijan; y, asimismo, habilitarse a los comités cívicos electorales para que postulen candidatos a diputado y controlarse rigurosamente el financiamiento político. Solo así podría llamarse al poder constituyente, con miras a dar carta de naturaleza a un genuino Estado de Derecho y lograr que el poder público esté al servicio del interés general y que, por fin, propugne por la convivencia pacífica, la protección y defensa de los derechos fundamentales, así como el imperio de la ley.

En consecuencia, mientras no se den estos presupuestos políticos, la ciudadanía debe rechazar de plano las iniciativas de reforma constitucional, a través de una asamblea constituyente o del Congreso.

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