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Opiniones de hoy

Crímenes sexuales del Estado a los tribunales

opinion

Sepur Zarco pone a prueba al derecho universal.

Hoy, lunes 1 de febrero, inicia el juicio de Sepur Zarco, en contra de miembros del Ejército, por violencia sexual y servidumbre en contra de mujeres q’eqchi’ ocurridos de 1982 a 1988. Este juicio es histórico y sigue el camino de procesos trascendentales para la memoria, justicia transicional y el futuro de la nación como lo fueron el juicio por genocidio y delitos contra la humanidad que sentó a Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez en los tribunales en 2013 y el juicio por la quema de la Embajada de España que encontró culpable a Pedro García Arredondo en 2015.

La trascendencia del caso de Sepur Zarco radica en que por primera vez juzgarán delitos de violencia y esclavitud sexual como arma de guerra durante el conflicto armado. Es decir, la justicia ahora analizará no solo delitos de violencia de Estado y prácticas de contrainsurgencia contra población civil desarmada, sino además, procesos de violencia sexual contra mujeres indígenas.

En América Latina, durante las décadas de dictaduras y regímenes militares que gobernaron la región, en la segunda mitad del Siglo XX, los delitos sexuales contra mujeres fueron sistemáticas formas de tortura y destrucción. Sin embargo, en el caso de mujeres indígenas, el proceso de violencia sexual ha sido extenso, pues desde la conquista española sus cuerpos han sido ultrajados, una práctica brutal del proceso de colonización que dio inicio al mestizaje. Hoy día, los orígenes de la violencia sexual que crearon a las naciones latinoamericanas es poco mencionado y aceptado.

Sepur Zarco pone a prueba al derecho universal, al sistema de justicia nacional y evidenciará la capacidad de los jueces para juzgar estas atrocidades. Además, es una oportunidad para formar al país sobre crímenes sexuales cometidos en mujeres q’eqchi’ desarmadas que vivían en regiones alejadas del conflicto armado. Ante el tipo de delitos que incluyen torturas, esclavitud sexual y doméstica, temas tabú en la conservadora y moralista sociedad guatemalteca, este proceso se convierte en un verdadero reto. Por eso, el sistema debe garantizar el respeto a la dignidad, integridad física y emocional de las testigos y sobrevivientes dentro y fuera de los tribunales.

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