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Opiniones de hoy

Unos sobrinos oportunos

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En virtud de que estos lo consideraban (a su tío Amílcar Farfán) como su padre.

Con respecto de los representantes de las oenegés querellantes en el caso de la base militar de Cobán, ya se ha demostrado la nula calidad moral de uno de ellos, Mario Polanco, director del GAM. El turno ahora es de Aura Elena Farfán, directora de Famdegua y hermana de Rubén Amílcar Farfán, un supuesto militante de una organización terrorista aparentemente desaparecido en 1984, que de forma oportuna apareció en un listado conocido como “Diario Militar”, un documento de dudosa autenticidad que fue objeto de una de mis columnas de opinión hace pocas semanas.

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Diario Militar” Vs. Guatemala, promovido por la Fundación Myrna Mack –que usted puede consultar en Google–, se encuentra otra muestra de la descarada corrupción de los oenegeros, y sus verdaderas intenciones.

En el párrafo 363 se ordena que a los parientes de Farfán –declarado por la CIDH como víctima en base a presunciones, ya que nunca se ha sabido qué ocurrió con él–, los guatemaltecos tenemos que pagarles la cantidad de US$122 mil, equivalente a casi Q1 millón. Pero el asunto no termina ahí, y es que ahora viene lo peor: en el párrafo 372 usted puede comprobar que Aura Elena Farfán, directora de Famdegua, firmó una declaración en la que aseguró que sus hijos debían recibir esa suma millonaria “en virtud de que estos lo consideraban (a su tío Amílcar Farfán) como su padre”; solicitud a la que la CIDH rauda y veloz, accedió. ¿Acaso no le parece descabellado? Es posible que Amílcar Farfán nunca haya tenido contacto con sus sobrinos, o incluso si lo tuvo, ¿a cuenta de qué tenemos que regalarles Q1 millón?

Ante esa estafa descarada al erario nacional, es imperativo cuestionar la calidad moral de Aura Elena Farfán, lo mismo que sus propósitos reales como querellante en el caso de Cobán, entre otros.

Y para colocarle la guinda al pastel, la sentencia afirma que la autenticidad del documento se da “a la luz de los documentos históricos del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, entidad dirigida por Gustavo Meoño Brenner, comandante del grupo terrorista EGP, y se basa también en el trabajo de otra organización de cuestionada reputación, la Fundación de Antropología Forense, presidida por el simpatizante de la guerrilla Fredy Peccerelli, que realiza labores periciales forenses a la carta, entre ellos el del caso Sepur Zarco, en el que junto a sus fantasiosos peritajes, se han escuchado inverosímiles testimonios de mujeres indígenas que dicen haber sido víctimas de esclavitud sexual. Una de ellas afirmó ante un juez que la dejaron de violar, cuando dejó de acudir al destacamento militar. Absurdo. Y más absurdo aún, es que el juez le otorgue valor probatorio a un disparate de ese calibre.

Es necesario que se reconfirme la paz que se firmó en 1996, para que se detenga de una vez por todas este circo –que tiene todos los visos de la labor de un grupo del crimen organizado–, que ya nos ha costado a los guatemaltecos mil millones de quetzales en resarcimientos corruptos, y a muchos de nuestros soldados, su libertad.

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