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Opiniones de hoy

Prohibiciones para ser Ministro de Estado

opinion

El Artículo 197, literal c), de la Constitución dispone: “No pueden ser ministros de Estado: (…) c) Los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios; (…)”.

El nombramiento de la ingeniera Sherry Ordóñez como Ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) ha sido cuestionado debido a que una empresa propiedad de dicha profesional fue contratista del Estado y es objeto de reclamaciones fiscales.

Efectivamente, la ingeniera Ordóñez es propietaria de la empresa mercantil denominada Ingeniería y Servicios Viales (Insevi), la cual fue contratista del Estado de 2006 a 2014 y, según el portal de Guatecompras, se le adjudicaron contratos por más de Q15 millones.

La discusión gira en torno a que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), después de que la ingeniera Ordóñez fue juramentada y tomó posesión del cargo del Micivi, le notificó un ajuste al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por Q70 mil, así como en torno a lo declarado por la ingeniera Ordóñez en el sentido que está en trámite ante la SAT la devolución de un crédito fiscal, por una suma equivalente.

Como ya se expresó anteriormente, el Artículo 197, literal c), de la Constitución no solamente prohíbe que los vigentes contratistas estatales opten al cargo de Ministros de Estado, sino también aquellos que hubieren sido contratistas del Estado que tuvieren “reclamaciones pendientes por dichos negocios”.

En nuestra opinión, si el ajuste fiscal, en concepto de IVA, y el crédito fiscal reclamado por la ingeniera Ordóñez devienen de las referidas contrataciones, la prohibición del
Artículo 197, literal c), de la Constitución le aplicaría inexorablemente. De lo contrario no.

Lo anterior sin perjuicio, por supuesto, de los derechos de defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a una tutela judicial eficaz que la Constitución le garantiza a la ingeniera Ordóñez. En todo caso, lo que se está discutiendo es la idoneidad para acceder al cargo de Ministra de Estado y no otra cosa. La ingeniera Ordóñez no sería idónea para ocupar el cargo de Micivi si las referidas reclamaciones fiscales devienen de negocios con el Estado, por más injusto que parezca. ¡Dura lex, sed lex!

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