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Opiniones de hoy

El saqueo en el Congreso

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Venta de plazas, plazas fantasmas y pago a trabajadores partidarios.

Doce días han transcurrido desde la transmisión de mando, y sorpresivamente la atención pública se ha enfocado en las acciones de Mario Taracena, el presidente del Legislativo.

La receta ha sido sencilla: evidenciar la principal fuente de saqueo al erario público en el Congreso de la República. La publicación de las planillas de los 1,703 trabajadores permanentes (renglón 0-11), y los temporales (1,053 en el renglón 0-22 y 102 bajo el renglón 0-29) dio a conocer el verdadero foco de corrupción legislativa: las plazas.

Hagamos números. En el 2015, el Presupuesto del Congreso fue de Q710 millones. De ellos, Q68 millones correspondieron a salarios de diputados (un nueve por ciento). El pago del renglón 0-11 implicó una erogación de Q326 millones; el 0-22 generó obligaciones por Q108 millones; y el renglón 0-29 de Q22 millones. Es decir, 64 por ciento del presupuesto del Congreso se fue en pago a personal de apoyo. En este sentido, vale recordar que los trabajadores del renglón 0-11 son quienes se benefician del Pacto Colectivo, particularmente del aumento salarial anual del diez por ciento. Esto explica la razón por la que las plazas 0-11 son las más apetecidas.

En este contexto, las formas de corrupción son varias. Por un lado, encontramos el caso de aquellos diputados que gestionan plazas permanentes y bien remuneradas (renglón 0-11) a favor de personas cercanas, a cambio de una comisión o una porción de la remuneración. Una segunda forma utilizada por las agrupaciones políticas, ha sido la de contratar en la planilla del Congreso a personas que se encargan del funcionamiento operativo de los partidos políticos. En pocas palabras, el Congreso paga el salario de activistas partidarios. El tercer mecanismo ha sido la plaza fantasma: la contratación de personal que no llega a laborar, solo a cobrar, y cuya remuneración se reparte entre los beneficiados, los diputados y las agrupaciones políticas.

Poner fin a este saqueo requiere de varias fases. La primera ha sido la publicación de las nóminas, puesto que se evidenció la discrecionalidad existente al momento de contratar personal. Un segundo paso implica la depuración judicial: iniciar investigaciones penales en contra de los diputados que recurrieron al modelo del diezmo o de la plaza fantasma. CICIG incluso ya ha mencionado que hasta 15 legisladores podrían estar implicados en esta práctica.

La tercera fase varía en función al renglón a atender. Para los renglones 0-22 y 0-29, es necesario revisar la Ley Orgánica del Legislativo, que regula la cantidad de trabajadores asignados a cada diputado, y la asignación de asesores para bancadas y comisiones. En cambio, con el 0-11 el proceso se complica, por el Pacto Colectivo y la inamovilidad de los trabajadores. La receta para entrarle a los pactos parece ser el recurso de inconstitucionalidad contra los artículos que establecen compromisos financieros, puesto que la Ley del Presupuesto es clara en definir que todo egreso del erario público solo puede aprobarse si previamente fue definida la fuente de ingreso. El candado final será la reforma a la Ley de Servicio Civil, que permita desarrollar un sistema moderno de contratación y remuneración a los trabajadores del Estado.

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