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Opiniones de hoy

“La Línea” en el transporte urbano de la capital (resumen)

opinion

Se debe investigar el papel jugado por el Presidente de la República.

El Ministerio Público –MP– y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala –CICIG– deben acertar otro golpe contundente a la red de corrupción que se ha valido de los recursos del Estado para enriquecerse, a sus anchas. Esta vez les toca a los funcionarios del Estado y de la Municipalidad capitalina, que en contubernio con la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos –AEAU– han saqueado las arcas nacionales y brindado un servicio pésimo a la población capitalina.

A los funcionarios de gobierno, que han tenido que ver con la concesión del subsidio, entregado sin ninguna fiscalización, por medio del Congreso de la República y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Lo anterior incluye a los diputados que tomaron las decisiones y a los ministros y viceministros del ramo respectivos. En los últimos años, se mencionan los nombres de Otto Fernando Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Guillermo Sosa, entre otros. A los funcionarios municipales que no han ejercido, durante muchísimos años, su función reguladora del servicio, permitiendo abusos de todo tipo a la población usuaria. Deben ser todos estos funcionarios de gobierno y municipales investigados, especialmente en la conformación anómala del Transurbano y determinar quiénes en realidad son los propietarios de estas sociedades anónimas y si existe algún funcionario público, tanto gubernamental como municipal que se beneficiara del negocio. Y finalmente, como ya se sabe, existe una denuncia de la Contraloría General de Cuentas en el propio Ministerio Público para determinar y deducirles responsabilidades a los “empresarios” del transporte urbano agrupados en la AEAU por el mal uso del subsidio en sí mismo.

Se debe investigar el papel jugado por el Presidente de la República, en su momento, Álvaro Colom Caballeros en torno a la autorización para la compra del sistema prepago a ser instalado en el Transurbano y el rol jugado por su Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara. Hay que determinar, si los fondos públicos fueron malversados, al comprarse unidades del sistema prepago sin que se compraran los autobuses en los cuales serían instalados. Si este fuera el caso, determinar en dónde se encuentran los sistemas comprados, en qué lugar se encuentran embodegados y demás detalles. Todo lo anterior, nos remite a una exhaustiva investigación de los representantes legales de las cuatro empresas que conforman Transurbano, Rudy Leonel Maldonado Castillo, Luis Alfonso Gómez González, Víctor Hugo Figueroa Ortiz y Mario Enrique Vargas Salazar. Hay que dilucidar, al fin y al cabo, si Asopagua finalmente recibió o no parte del subsidio como había sido determinado por la Corte de Constitucionalidad.

Es necesario ver la forma como los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la propia Contraloría General de Cuentas se desenvuelven en este sonado caso de generalizada corrupción. Está plenamente demostrado que por lo menos el subsidio de los buses rojos no es necesario, toda vez que son los propios choferes quienes pagan diariamente el monto del combustible, además, de las multas y otros gastos.

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