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Opiniones de hoy

La reforma es inevitable

opinion

Se aceleran los tiempos políticos.

Si Óscar Berger no se hubiese ajustado el salario en 2004, la Contadora General del Congreso ganaría hoy, al menos nominalmente, más que el Presidente de la República. De todos modos el Director de Protocolo del Legislativo está presupuestado con un salario que más que duplica el del Canciller, y el supervisor de conserjes percibe más que cualquier miembro del gabinete de Gobierno y que diputados, al menos en nómina.

Por algo esta aparente irracionalidad financiera y administrativa del poder Legislativo ha elevado la intensidad del sarcasmo, cólera e indignación en las redes sociales. Todo mundo murmuraba sobre las granjerías que concedió en 2005, a través del pacto colectivo con los trabajadores, el entonces presidente del Congreso (hasta hace poco ministro de Economía), Jorge Méndez Herbruger. La última vez que fui al edificio de la 9a. avenida en 2014 para inaugurar un acto académico, varios diputados e incluso asesores me hablaron con alarma de la insostenibilidad de esos salarios.

Sin embargo nadie se hacía responsable, ni siquiera de aclarar la dimensión del problema. El año pasado, ante cuestionamientos directos de la prensa, el expresidente Luis Rabbé negó la publicidad de la nómina de trabajadores del Legislativo, yendo contra la ley. Ya ni los organismos que trabajan en el ámbito de la seguridad nacional pueden sostener argumentaciones de reserva o secreto de Estado en asuntos administrativos.

Solo un “animal político” tan peculiar como Mario Taracena podía destapar esa olla de presión. Quizá, como decía alguien antenoche en Guatevisión, abrió la caja de Pandora, pero no tenía opción. El hilo de las plazas fantasmas y otras irregularidades, por donde cayó el expresidente Pedro Muadi, lo agarró hace meses la CICIG y el MP, y es probable que provoque otro sismo en ese poder del Estado.

En la picota, al Congreso no le quedará alternativa que reformarse, esto es, tocar los privilegios de los diputados, lo que han rehuido tozudamente en la última década. Al revés, los han incrementado apalancados en la discrecionalidad administrativa del presidente y el caos incremental de cada gestión. Ahora están en una carrera contrarreloj con la ciudadanía para reformar su Ley Orgánica y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Pero este es un solo caso, quizá el menos complicado, porque el organismo al cabo es pequeño. El Ejecutivo, una verdadera telaraña en el organigrama, está administrativamente colapsado y en bancarrota, igual que las municipalidades (unas más que otras). Y a estos también el tiempo político se les va a acelerar. Tendrán que responder con reformas institucionales, más que con decretos de excepción, que fue como quiso paliar la crisis el gobierno del PP, y la agravó. La agenda está puesta: servicio de la administración pública, contrataciones y poder tributario.

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