Las capturas de oficiales del Ejército que se dieron el miércoles pasado fueron dirigidas por la CICIG; y la explicación que debe dar Iván Velásquez a ese respecto, la debe dar él, y no el imbécil que le maneja su cuenta de Twitter. La agenda de extrema izquierda del comisionado dejó de ser un rumor, para constituirse en un hecho.

La CICIG no tiene competencia en asuntos relacionados con el enfrentamiento armado interno, pero eso a Velásquez no le importó, y fue más allá del radio de acción que le impone su mandato.

Los atropellos por parte de la CICIG no faltaron; el peor fue la captura de la señora Lucrecia Aguiluz Batres de Miranda, esposa del general Felipe Miranda Trejo, a quien la CICIG pretendía aprehender en su residencia, y al no encontrarlo a él, se la llevaron a ella, que guarda prisión en Santa Teresa. Me provoca una pena profunda, pues es una dama a quien conozco desde hace casi cuarenta años y estimo mucho, lo mismo que a su esposo. La zarpa de la izquierda se hundió de lleno en la familia militar.

El pueblo guatemalteco ha confiado siempre en su Ejército, y cada cuatro años se lo recuerda a la izquierda en las urnas, y el sábado se lo recordó de nuevo en la Plaza de la Constitución, a la que asistimos cerca de diez mil personas para exigir que se respete la Ley de Reconciliación, que de forma clara indica que nadie –ni soldado ni terrorista– puede ser siquiera detenido, antes de que una Sala de Apelaciones decida con respecto de si se debe o no abrir un proceso en su contra.

El mensaje que transmiten las capturas es fuerte; se aproxima el desaparecimiento del Ejército. Las consecuencias irán desde el desempleo de muchos oficiales profesionales de todos los rangos y el desamparo total de la población civil ante la delincuencia, hasta la toma del poder por la extrema izquierda, con la consabida instauración de un Estado socialista del que difícilmente nos desembarazaremos en mucho tiempo. Imperará la anarquía, y será entonces cuando la cúpula económica se arrepentirá de haber hecho oídos sordos a las advertencias que hicimos acerca de lo que venía. Muchos empresarios compartirán celdas con nuestros soldados y sus propiedades –especialmente sus fincas– serán expropiadas por medio de la Ley de Extinción de Dominio; será una reforma agraria sin reforma agraria. Por cierto, he platicado con varios amigos periodistas que me han contado que el CACIF guarda un silencio sepulcral con respecto de las capturas de nuestros soldados. Una actitud cobarde que no me extraña un ápice, al saber en manos de quien está hoy la dirigencia del sector económico organizado.

Por ahora, el motor de los juicios en contra de nuestros soldados continúa funcionando; pero nosotros nos encargaremos de exigir que se respete el Debido Proceso, y que no sea pagado un centavo más en concepto de ilegales resarcimientos multimillonarios, que no son otra cosa que la corrupta prostitución del enfrentamiento armado interno.