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Opiniones de hoy

Lucha contra la impunidad

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Para que una ley cumpla con su objeto debe ser acatada y respetada, y en caso esto no ocurra, quien incumpla sus mandatos debe tener la plena certeza de que le será impuesto el castigo o la sanción correspondiente, y que, inequívocamente, así será.

Luego, quien viola una ley debe saber que, irremediablemente, la consecuencia será el castigo o sanción prevista por la misma ley, sin excepción alguna. O sea que es imposible que pueda sustraerse a su imperio, y que siempre el peso de la misma caerá sobre su violador.

En Guatemala, si bien contamos con leyes el incumplimiento e inobservancia de las mismas es generalizado, comenzando por los propios gobernantes y autoridades encargadas de hacerlas efectivas o de aplicarlas. Luego, la espiral de conflictividad es terrible, ya que la resolución pacífica de disputas deviene ineficaz.

La impunidad, que es la falta de castigo o sanción a los que no ajustan su conducta a lo que disponen las leyes, indudablemente es el peor azote de nuestra sociedad, y el principal factor de erosión institucional y de pérdida de credibilidad en la autoridad.

Inequívocamente, el imperio de la impunidad es el peor flagelo de la sociedad guatemalteca, porque durante su reinado no rige el principio de que “el que la hace la paga” ni la premisa básica de la contratación que exige que se honre la palabra empeñada.

El infractor y el irresponsable son los privilegiados del régimen de impunidad que impera en nuestro país. Simplemente, no hay protección ni defensa para el ciudadano honrado que trabaja, invierte y cree en Guatemala.

El sistema premia al sinvergüenza, al pícaro, al deshonesto, al corrupto, al abusivo, al ladrón, al asesino y al criminal en general, y le garantiza que siempre se salga con la suya, y que, por consiguiente, se burle de la ley, de la justicia y de la gente que acata y cumple las reglas y las normas. Luego, la impunidad estimula el fraude, la violencia, el crimen y, por supuesto, la proliferación de güizaches “arregla todo”. Consecuentemente, la sociedad ha tenido que resignarse a aceptar que “el crimen paga” y que “la justicia oficial no es confiable”.

Esto mina irremediablemente las instituciones y hace que las autoridades encargadas de hacer cumplir o aplicar las leyes pierdan la confianza de la ciudadanía y explica el recurso a la justicia por propia mano, que se traduce en la venganza y el linchamiento.

No obstante, los resultados elocuentes de la lucha contra la impunidad que se inició a partir del 16 de abril de 2015, bajo el liderazgo de la CICIG, es una luz al final del túnel, que nos está diciendo que sí se puede construir en Guatemala un verdadero Estado de Derecho y que, por fin, regirá el viejo aforismo jurídico que reza: “El que la hace la paga”.

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