En Venezuela, con la instalación de la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición política, se ha iniciado el principio del fin del régimen chavista de Nicolás Maduro, de corte totalitario, que llevó a la sociedad venezolana no solo a la confrontación y a la división, sino que al desastre económico, a pesar de haber gozado de la mayor bonanza petrolera de la historia durante más de una década.

La AN se instaló con 163 diputados de un total de 167, debido a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el régimen de Maduro, suspendió la juramentación de cuatro diputados, tres de la oposición y uno del chavismo, a raíz de las impugnaciones presentadas por el oficialismo chavista contra los resultados de las elecciones legislativas celebradas el pasado 6 de diciembre de 2015 en tres regiones.

A través de estas impugnaciones, el régimen de Maduro pretende impedir que el número de diputados de la oposición sea 109 y no 112, y con ello que esta no cuente con la mayoría calificada (absoluta) de, por lo menos, 110 asambleístas, que le permite reformar la Constitución, emitir votos de censura contra vicepresidentes y ministros, remover magistrados del TSJ, decretar amnistías a favor de los presos políticos, revocar leyes antieconómicas y convocar a un referendo revocatorio en contra del Presidente de la República. Sin embargo, el régimen de Maduro no tomó en cuenta que al reducir el número de diputados a 163, también se redujo la mayoría calificada a 109 diputados, que, casualmente es el número de diputados con que cuenta la oposición a pesar de las suspensión de tres de sus asambleístas.

El régimen de Maduro, en reacción a la debacle electoral del oficialismo chavista del pasado 6 de diciembre de 2015, no solo ha impugnado resultados electorales, sino que se atrincheró en el Poder Judicial a través del nombramiento de magistrados oficialistas por parte de la anterior AN, dominada por el chavismo, del absoluto control del Banco Central, para asegurarse el monopolio de la emisión monetaria inorgánica y la ocultación de cifras, y del endurecimiento del régimen tributario, entre otras disposiciones.

El rechazo del electorado al chavismo se debió fundamentalmente al virtual colapso económico, que podría redundar en una verdadera catástrofe humanitaria. La tasa de inflación en Venezuela excedió del 200 por ciento en 2015, aunque se estima que la inflación subyacente se aproximó al 300 por ciento, ya que muchos bienes y servicios están altamente subsidiados o controlados por el Gobierno; la brecha fiscal se estima en más de 15 por ciento del PIB y este (PIB) experimentó una caída de, por lo menos, el siete por ciento.

Lo anterior sin perjuicio de que el régimen de Maduro ha sido acusado por la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, así como de vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

Todo apunta a que en Venezuela se agotó el denominado “Socialismo del Siglo XXI”, impulsado por el chavismo, basado en el derroche, el clientelismo, la corrupción, el totalitarismo, al abuso de poder y la demagogia. Sin embargo, el temor al castigo de parte de los chavistas, hará que el desalojo de estos del poder no sea fácil y cause un mayor sufrimiento a la sociedad venezolana.