El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y dos exsecretarios del Consejo de Seguridad, Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, están imputados penalmente por la interceptación ilegal de las comunicaciones de, por lo menos, 150 personas (empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos). Martinelli también está siendo investigado por la presunta sobrefacturación en un contrato de US$45 millones para la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.

Interceptar ilegalmente las comunicaciones, a través de instrumentos sofisticados o de la colocación de micrófonos ocultos para escuchar conversaciones privadas, es una práctica común y constante no solo en Panamá sino que también en Guatemala.

Los gobiernos quieren saber lo que dicen y hacen los opositores, críticos y disidentes y, al efecto, los espían y, haciendo alarde de abuso de poder, “pinchan” sus comunicaciones personales. A los gobiernos y los políticos también les interesa conocer las fuentes de información de los periodistas y cuáles son los temas del periodismo de investigación, para atajarlos, desalentarlos o, en su caso, desinformarlos.

Sin duda, no podemos decir que vivimos en democracia institucional mientras existan sistemas de control clandestino como el espionaje telefónico y la interceptación de las comunicaciones personales. No podemos afirmar que nuestra sociedad es de seres humanos libres, mientras el Estado y grupos de poder controlen a los ciudadanos, a través de escucharlos, acosarlos y hostigarlos.

La garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia es un elemento esencial de un régimen de legalidad, que no se está haciendo efectiva al mantenerse y no perseguirse este tipo de patético espionaje, que busca controlar a los ciudadanos, someterlos a un régimen de opresión y terror, o, en su caso, chantajearlos o destruirlos por la vía de la intimidación o de la coacción.

La sindicación penal de Martinelli, cuya prisión preventiva ha sido ordenada por la Corte Suprema de Justicia, sienta un sano precedente que alienta a que en Guatemala se haga lo mismo.

En nuestro país, el Ministerio Público está llevando a cabo una profunda investigación en la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) del Ministerio de Gobernación a raíz de la detección de la interceptación clandestina de comunicaciones desde dicha dependencia estatal.

En todo caso, se espera que se persiga a los responsables y que sea el inicio del desmantelamiento de las estructuras clandestinas de interceptación de las comunicaciones que operan en o desde otras entidades estatales o particulares, así como que los respectivos autores, cómplices y encubridores de estos ilícitos sean juzgados, condenados y encarcelados.