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Opiniones de hoy

En Ecuador la comunicación será un servicio público

opinion

El 3 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de Ecuador, a instancias de un oficialismo alérgico a la crítica, incorporó en la Constitución una norma que dispone que la comunicación es un servicio público, por lo que el Artículo 384 de la Constitución quedará así: “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana (…)”.

El servicio público es un servicio que el Estado, por sí mismo o a través de particulares, presta a la sociedad con el fin de satisfacer necesidades colectivas. Son servicios públicos tradicionales la administración de justicia, la seguridad pública, la educación, la salud, el transporte, la alimentación y la infraestructura.

La libertad de expresión de ideas es un derecho inherente a la persona humana, de naturaleza esencialmente individual, que garantiza a estas la emisión del pensamiento de manera irrestricta y sin censura. Este derecho fundamental está íntimamente vinculado a la libertad de conciencia, que es el derecho a elegir la forma de pensar o de actuar.

La reforma constitucional relacionada viene a salvar la inconstitucionalidad del Artículo 79 de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, que dispone: “(…) la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas (…)”.

Por otro lado, el Artículo 314 de la Constitución de Ecuador dispone que el “Estado es el responsable de la provisión de los servicios públicos (…)” y que el Estado es responsable “que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación”; y, asimismo, el Artículo 315 de la Constitución establece que el “Estado constituirá instituciones públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos (…) Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes (…)”.

Por tanto, la libertad de expresión de ideas en Ecuador, que es un derecho humano universal, ha pasado a estar bajo la regulación y control del Estado, lo que supone la restricción del libre juego de opiniones y, sobre todo, de la crítica, cuestionamiento y denuncia de las actuaciones gubernamentales. Sin duda, la imposición del silencio es el primer paso hacia la dictadura.

Por cierto, cabe advertir que en Guatemala, con apoyo internacional, también se está dando pábulo a este concepto de la “comunicación como servicio público”. Hay que salirles al paso a los enemigos de la libertad.

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