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Opiniones de hoy

La justicia y la corrupción

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El caso Bufete de la Impunidad fue el parteaguas en la depuración.

En este 2015, el sistema patrimonial fue puesto al descubierto. Hasta ahora, la acción pública se había entendido como fuente de oportunidad de riqueza. Y en este sistema, las aduanas, la seguridad social, la proveeduría de medicamentos, la construcción de obra gris, la inversión pública descentralizada y la justicia constituían las grandes joyas de la corona de la corrupción.

Pero gracias a la acción concertada del Ministerio Público (MP) y la CICIG, algunas estructuras de corrupción fueron desarticuladas, y se abrió la puerta para depurar al sistema.

Si bien el caso La Línea constituyó el estandarte del proceso –por la vinculación de la pareja presidencial con la red–, y si bien casos como IGSS-Pisa, Negociantes de la Salud, Lavado y Política generaron impacto mediático, derivado del perfil político de los sindicatos, la realidad es que el caso más importante de este proceso fue el Bufete de la Impunidad.

Recordemos. El caso evidenció la existencia de redes de abogados, coludidos con jueces e intermediarios, que pactaban resoluciones a cambio de sobornos. La revelación de dicha estructura fue posible gracias a la interceptación telefónica del Teniente Jerez, quien desde el mismo momento de su captura por el caso La Línea, pactaba con Luis Mendizábal el pago de un soborno para conseguir una medida sustitutiva que asegurara su liberación.

En algunos casos, la corrupción era tan burda como la develada el 8 de mayo: penalistas que se presentaban como procuradores de impunidad. No obstante, también había manifestaciones más complejas. En tribunales existe la figura del “padrinaje”, según la cual existen jueces que se deben a los favores de un miembro superior de la jerarquía judicial, y que se vinculan con bufetes privados. Dichos jueces saben que si un acusado recibe el auxilio de un jurista de dichos bufetes, debe buscar favorecer al sindicado. Y la cuenta se salda más adelante.

Sin embargo, el caso del Bufete de la Impunidad vino a romper el paradigma de la compra-venta de resoluciones. Por un lado, puso en la mira a los jueces, quienes ante el temor de ser vinculados con dichas estructuras, dejaron de recurrir a las prácticas de antaño. Y al sentirse vigilados, empezaron a resolver con mayor apego a derecho. Por otro lado, entre el gremio de abogados se vivió una depuración de mercado: al no poder recurrir a las prácticas de corrupción, los clientes reconocieron que deberían contratar juristas con capacidad de llevar defensas técnicas, y no a los traficantes de influencias y mercaderes de impunidad.

El caso marcó un parteaguas en la lucha contra la corrupción. Antes del mismo, el sistema de justicia constituía el custodio final del sistema patrimonial y de los actores de la corrupción. Sin ir tan lejos, en el 2014, la anterior Corte Suprema de Justicia desechó el antejuicio contra Gudy Rivera por el tráfico de influencias en la elección de magistrados. Pero después del 8 de mayo, los jueces entendieron que la depuración les alcanzaría, y que acción jurisdiccional no era un juego de compra-venta, sino un proceso de resolver conforme a Derecho.

Sin este caso, quizá no hubiera sido posible que el sistema respondiera en los casos subsiguientes, con repercusiones de mayor impacto político.

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