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Opiniones de hoy

Del Triángulo Norte solo Guatemala no tiene impuesto a la seguridad

opinion

En El Salvador se concibió como una ley con vigencia por cinco años.

El comisionado Iván Velásquez lanzó la propuesta de crear algún mecanismo de recaudación específico para financiar el funcionamiento y fortalecimiento de los organismos de investigación, seguridad y justicia, cuyas asignaciones presupuestarias actualmente son insuficientes y apenas alcanzan para el pago de personal y una cobertura territorial mínima que deja a la mayoría del país fuera del alcance de la justicia o dicho de otro modo, en la impunidad.

Siendo Guatemala, junto con El Salvador y Honduras tres países que están dentro de los diez más violentos del mundo, la propuesta del comisionado es más que razonable y lo realmente extraño y fuera de lugar es que esta no venga de políticos nacionales como ya pasó en los otros dos países, donde ya se aprobaron gravámenes para tal fin.

En Honduras, en el 2011 se aprobó la Ley de Seguridad Poblacional consistente en la creación de una tasa que grava operaciones de cuentas bancarias con capital arriba de US$6 mil. Los fondos acumulados son administrados por un Fideicomiso donde participan delegados de Gobierno, del sector privado y sociedad civil, y que hasta la fecha representa una recaudación promedio de unos US$400 millones anuales que son distribuidos entre las distintas instituciones de seguridad y justicia.

En El Salvador se aprobó recientemente este año, la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que grava todos los servicios de telecomunicaciones y la transferencia de aparatos tecnológicos con un cinco por ciento así como La Ley Especial para Grandes Contribuyentes, que grava con un cinco por ciento las ganancias de las personas o empresas que superen los US$500 mil anuales con el mismo fin. También en El Salvador se concibió como una ley con vigencia por cinco años, pero en el caso hondureño fue reformada para extenderse por otro periodo adicional.

En los dos casos, hubo una discusión amplia y acalorada en el seno de los hemiciclos legislativos, cosa que en el caso de Guatemala brilla aún por su ausencia. La dilación en aprobar las reformas a las leyes Electoral y de Partidos Políticos, de Servicio Civil y Compras y Contrataciones, demandadas por amplios sectores ciudadanos que se volcaron a las calles para demostrar su rechazo al sistema político corrupto, vuelve a confirmar que el Congreso sigue dándole la espalda a los temas de interés nacional a los que ahora se suma la propuesta de CICIG.

Tampoco se han pronunciado el Gobierno de turno ni el electo. No hay duda que la peor crisis que afecta al país no son los graves problemas que le aquejan, sino la ausencia de una clase política con liderazgo para enfrentarlos y darles al menos intento de solución. Una simple mirada a nuestras fronteras bastaría para darnos cuenta que es un tema ineludible.

Es cierto que la corrupción hizo colapsar la legitimidad del sistema político y atrofiar el mandato de los gobiernos de turno. Pero esa desviación encuentra su raíz en la neutralización de las funciones de investigación criminal, auditoría gubernamental, impartición de justicia imparcial, por parte de las redes mafiosas que fueron creciendo a la luz de los negocios estatales, haciendo inviable el famoso precepto de la división y el balance de poderes.

El único camino viable para la democracia en nuestro país es darle vida a las funciones asignadas al Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Organismo Judicial y otros órganos de control destinados a someter a todos por igual al imperio de la ley. Mantenerlos cooptados y sin recursos es la receta para perpetuarnos en el país de la eterna impunidad.

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