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Opiniones de hoy

Lesividad de pactos de trabajo en el sector público

opinion

El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), bajo la conducción del exministro Jorge Villavicencio, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), el 21 de agosto de 2013, con vigencia de dos años, con el inaudito aval de la Procuraduría General de la Nación, que debe velar por la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones estatales, y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ilustra sobre la lesividad para los intereses estatales de algunas disposiciones contenidas en los pactos colectivos de condiciones de trabajo “negociados” en el sector público.

Por cierto, este Pacto fue presentado en su oportunidad como un gran logro del régimen de Otto Pérez, así como ocurrió con el Contrato de Usufructo de Puerto Quetzal, que es lesivo para los intereses del Estado. Los sindicalistas, por su parte, llamaron a Pérez como el “presidente amigo”.

Desde que se tuvo acceso al contenido del susodicho Pacto se detectaron varias disposiciones gravosas para el Estado y jurídicamente cuestionables, tales como: (i) La creación de una comisión bilateral conformada por 2 representantes del SNTSG y 2 representantes del MSPAS, para la discusión e implementación de los procesos de ingresos, ascensos, traslados y permutas de trabajadores; (ii) el pago de onerosos bonos por antigüedad real; (iii) el pago de altas sumas de dinero en concepto de viáticos a los sindicalistas, el numeroso grupo de sindicalistas (2,069) con “licencia sindical” para no laborar; (iv) la prohibición de que los trabajadores puedan ser despedidos sin justa causa mediante el correspondiente pago indemnizatorio, aunque la Constitución dispone: “Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario”; y (v) la sustitución de la indemnización por despido injustificado por la prestación denominada “compensación económica por tiempo de servicio”, a razón de un mes de salario por cada año laborado sin límite de tiempo, que es una suerte de indemnización universal.

Dado que la administración pública se rige por el principio de que solo está permitido lo que la Constitución y la ley expresamente establecen, entendiéndose por prohibido lo no permitido, se pone en duda que los funcionarios puedan negociar y pactar condiciones de trabajo que contradigan la Constitución y la ley, o que excedan los límites de lo permitido.

En conclusión, el indicado Pacto refleja algunas de las disposiciones gravosas y lesivas que se han venido “negociando” entre sindicatos del sector público y las autoridades, que obligan al Estado en menoscabo de sus intereses, y que imperativamente deben ser revisadas o declaradas lesivas o sin vigencia.

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