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Opiniones de hoy

Los Pactos Colectivos y demás chuladas

opinion

El problema de fondo –no se quiere ver– es que se han arrogado la representación del Estado, quienes no la tienen.

El representante del Estado de conformidad con la Constitución Política de la República es el Procurador General de la Nación y, en consecuencia, cuando variopintos funcionarios asumen compromisos de Estado –compromisos por los cuales el Estado debe responder– se arrogan una representación que no les corresponde.

La Procuraduría General de la Nación, una de las cuatro instituciones que ejercitan el control jurídico –no jurisdiccional– del ejercicio del poder, se encuentra desde hace un buen tiempo en trapos de cucaracha, carente del personal suficiente y bien pagado, lo cual no es casual, como no fue casual que, en su momento, se tuviera al Ministerio Público en las mismas circunstancias.

Existe norma vigente que manda que todo dictamen jurídico que se emite en la esfera del sector público carece de valor alguno si no goza del visto bueno del Procurador General –norma que ha dejado de cumplirse y cuyo incumplimiento ha llevado a la Torre de Babel en que vivimos, cada entidad con su criterio: dictámenes ad hoc y de absoluta complacencia dictados en el sobaco de la confianza (“el dictamen para el jefe, como quiera”) carentes estos de control y de fiscalización alguna.

La representación del Estado también ha sido arrebatada del Procurador y, así, en representación del Estado, se firman –casi por cualquiera– contratos y pactos colectivos, comprometiéndose, sin más el patrimonio del Estado.

Las leyes existen pero estas no se cumplen y, si no se cumplen ¿Para qué las leyes? 

Los contratos que se celebren con el Estado y que impliquen la acción de notario, deben celebrarse ante los oficios del Escribano de Cámara y Gobierno (el notario del Estado) pero ¡Qué deliciosa conveniencia! se contrata al notario ad hoc a costa del Estado y se le pagan suculentos honorarios. ¿Recuerda usted el millonario pago que se hizo por una pinche compraventa?

No ha sido menos el zarpazo patrimonial en lo que se refiere a consultoría y asesoría y, así, se ha llegado al colmo de contratar dictamen sobre “cómo llevar un juicio”, pagando suculentos honorarios a cargo del Estado. ¿Se recuerda, acaso, del sobrino?

¿Para qué, entonces, la Procuraduría General de la Nación?

El principio del fin de esta –la PGN– hasta llegar a convertirse en una caricatura de sí misma se dio cuando citado por el Vicepresidente de la República, el Procurador General, se le trató como a un pinche subalterno, humillado ante la prensa, habiéndose pactado su permanencia en el cargo –ya en secreto– a cambio de que extendiera mandato a escogidos abogados.

La necesidad de su visto bueno en los dictámenes pasó, por otra parte, al jardín de los recuerdos.

Cuando en 1991 me hice cargo de la Procuraduría General y del Ministerio Público (estaban unidos entonces) me encontré con una situación similar: la mejor forma de asegurar su ineficiencia.

Sin un centavo más, con el mismo presupuesto y personal –con la ley en la mano– logramos poner de pie a las dos instituciones: Principio del fin de la impunidad (Casos Mack y Devine, por ejemplo) “Un solo caso, dijimos, los resuelve todos”. 

Desde las dos instituciones –ya empoderadas– siguiendo a Edmundo Vásquez Martínez –impulsamos la reforma Procesal penal (“La Justicia es una farsa: No se juzga a personas, sino expedientes”) y, cuando frutos ya maduros, la separación de las mismas: El Jefe del Ministerio Público, tan lejos como sea posible de los gobernantes en tanto que, tan cerca, el Procurador General.

Sea quien llegue a la Presidencia de la República, si quiere que el Estado funcione, debe fortalecer, como prioridad primera, a las cuatro instituciones de control jurídico –no jurisdiccional– del ejercicio del poder: La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación: Necesarios motores del Estado de Derecho.

Solo así podrá tener certeza –como Jefe de Estado– que todos los ingresos y gastos públicos se produzcan como la ley lo manda; que las leyes se cumplan y que, si incumplidas, se persiga a sus infractores: reparación y castigo; que todos los actos del Estado guarden fidelidad con la única razón que justifica su existencia, la protección del ser humano y que exista en este la necesaria unidad de criterio jurídico, sus intereses defendidos, con la ley en la mano y su representación ejercitada –contratos y pactos colectivos– por quien debe ejercitarla.

 El control jurídico no jurisdiccional conducirá a que Congreso ejerza, como debe, el control político y, que lo ejerzan los jueces, como la última palabra de la ley: Todos los contralores, controlados.

Solo con un Estado eficiente, marchando al centavo, podrán los futuros gobernantes abordar con éxito la educación, la seguridad y la salud –imposible edificar ¿Es tan difícil comprenderlo? sobre arenas movedizas. Amén.

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