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Opiniones de hoy

La problemática de la vivienda popular

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Hubo un buen año, en el que lo recaudado fue Q120 millones y a Foguavi, ahora Fopavi, le asignaron modestos Q20 millones.

Por lo menos cuatro años, pasamos junto a la doctora Amanda Morán Mérida, acompañando como asesores el proceso de creación y sanción de la Ley de Vivienda, Decreto 9-2012, que fuera publicado en el Diario Oficial en enero de 2012. Desde que los pobladores organizados y el Cuerpo Técnico del Centro de Estudios Urbanos y Regionales –CEUR– de la Universidad de San Carlos de Guatemala –Usac– por mandato del Consejo Superior Universitario –CSU–, iniciáramos y completáramos la iniciativa de ley, que finalmente se convirtió en ley, después de que el pleno del Congreso de la República, con honrosísimas excepciones de diputados, le quitaran los dientes para que no pudiera ampliamente beneficiar a los ciudadanos que no pueden adquirir una vivienda digna por medio del mercado.

Desde entonces para acá, mucha agua ha corrido debajo de los puentes, inclusive la tragedia de El Cambray II. Para comenzar, dicha ley, en su Artículo 9 crea el Consejo Nacional de la Vivienda –Conavi– como ente asesor y beligerante que dicta las políticas en materia de vivienda que debe ejecutar el ente rector. Corresponde a la Vicepresidencia de la República convocar a las representaciones –titulares y suplentes-– designados por las instituciones de Gobierno, sector académico y de los colegios de profesionales, sector financiero, Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala –Anam–, otros sectores de la iniciativa privada, sectores sociales y de pobladores para integrarse y reunirse conforme manda la ley. Desafortunadamente, dicho Consejo Nacional nunca fue convocado durante la gestión de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, quien no manifestó interés con el cumplimiento de esta ley, como de otras leyes de la República, como comienza a ser demostrado en los tribunales de justicia. Una de las virtudes de la Ley de Vivienda es que establece una correcta orientación de políticas para el ordenamiento territorial –que tiene que ver, entre otros temas con el uso de la tierra urbana y rural, de acuerdo a su vocación y aptitudes–, mitigación de zonas de riesgo, financiamiento para la vivienda de interés social y la planificación de las obras en las distintas comunidades del país, en los Consejos de Desarrollo y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Por otra parte, el financiamiento para la vivienda popular proviene, en parte, de lo estipulado por el Decreto 79-2000, conocido como Ley del Impuesto Específico a la distribución de Cemento. En su Artículo 2 dicha ley establece que lo recaudado como resultado de la aplicación de la misma, deberá ser exclusivamente empleado para el financiamiento de los programas de vivienda popular. Lo cual no fue hecho por los distintos ministros de Finanzas Públicas que han desfilado con los diversos gobiernos. También se mandó en el Artículo 14 a la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT– presentar en el término de un mes el Reglamento respectivo de la ley aprobada que fuera sancionada en el año 2000 y después de 15 años tal Reglamento no ha sido promulgado y publicado en el diario oficial. Como se ve a las distintas autoridades, de la SAT, no les ha importado elaborar y hacer que dicho reglamento cobre vigencia. Hubo un buen año, en el que lo recaudado fue Q120 millones y a Foguavi, ahora Fopavi, le asignaron modestos Q20 millones. Entidad, que por lo demás, ha dilapidado los exiguos recursos con algunas empresas fantasmas. Como se ve, no ha sido la vivienda obrera, como la llamaban nuestros antepasados, prioridad para ninguna de los gobiernos que nos han desgobernado en los últimos 15 años.

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