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Opiniones de hoy

Sabiendo esto, El Cambray II duele más

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Es probable que al seguir jalando esa pita nos encontremos con sorpresas.

El Artículo 155 de la Constitución Política es claro al indicar que “Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles”. Sin embargo, se ha pagado ya más de Q400 millones en concepto de resarcimiento por asuntos relacionados con el enfrentamiento armado interno –un movimiento armado–, lo mismo que por disturbios civiles; un claro ejemplo es el de la Cumbre de Alaska.

“Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta”, ha sido la consigna en la Secretaría de la Paz a lo largo de su existencia, instancia superior al Programa Nacional de Resarcimiento, encargado del pago de compensaciones en metálico a supuestas víctimas del enfrentamiento armado. Vale decir que el único Secretario de la Paz que ha actuado de manera responsable y de acuerdo a la ley, es el actual, Antonio Arenales Forno, lo cual le ha granjeado el odio de los que viven de las comisiones que obtienen por el pago de resarcimientos.

Se ha soslayado la violación flagrante del Artículo 155 de la Constitución, que ha constituido la principal motivación de quienes han construido fantásticos casos en torno a los 36 años de enfrentamiento, llegando incluso a inventar un genocidio contra los ixiles que jamás existió, y se centran, ahora que ese caso se les derrumba, en un supuesto genocidio contra la etnia Achí, que les puede ayudar a cerrar el círculo del negocio de Q3 mil millones de resarcimiento que les representaría el tema de la hidroeléctrica Chixoy, un negocio sucio manejado por una mafia internacional que, por su dimensión, hace lucir como niño de primera comunión a La Línea.

La tragedia de El Cambray II duele más, al saber que no hay dinero para reubicar a los sobrevivientes en un lugar digno y que, sin embargo, como lo publicó elPeriódico el domingo antepasado, Ramón Cadena estaría próximo a cobrar una comisión de Q60 millones gracias a su oscura labor de promoción del caso Chixoy. Con el monto obsceno que el Estado de Guatemala pagaría con nuestros impuestos a Cadena, bastaría y tal vez sobraría para reubicar a los sobrevivientes de la tragedia. Y los casi Q3 mil millones que los guatemaltecos tendríamos que pagar por el negocio de Chixoy, habría bastado para reubicar en un lugar digno a la comunidad entera de El Cambray II cuando Conred advirtió hace tiempo del grave peligro que significaba vivir en ese lugar; sobrando un importante remanente para futuras emergencias. Pero no, la magistrada Delia Dávila Salazar, durante el tiempo que estuvo al frente de la Cámara Penal, decidió activar los casos que asegurarán el asqueroso negocio de Chixoy. Es probable que ella también esté involucrada en la red de corrupción que nace en algunas oenegés de los vivos vividores, en la que está involucrado Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, a quien Thelma Aldana defiende a capa y espada. Quién sabe, es probable que al seguir jalando esa pita nos encontremos con sorpresas que se traigan al suelo a nuestros ídolos con pies de barro.

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