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Opiniones de hoy

Ordenamiento territorial y política de vivienda social

opinion

El Estado debe impulsar proyectos de vivienda popular en sitios aptos para la construcción de una vivienda digna y asequible a sus bolsillos.

No cabe duda que la tragedia de El Cambray II en Santa Catarina Pinula es una de las más dolorosas y tristes que nos ha tocado vivir a los pobladores del Área Metropolitana de la ciudad de Guatemala (AMCG). Se estima que a nivel nacional 500 mil personas viven en áreas de altísima vulnerabilidad a los derrumbes, como era la vida de nuestros hermanos que murieron en ese asentamiento humano precario. De acuerdo a la Conred, 497 son los asentamientos humanos en todo el país, en esta situación, de los cuales 232 se encuentran en el departamento de Guatemala, es decir el 47 por ciento. De nuevo, surge otro indicador de la concentración y centralización de los problemas de asentamientos humanos y de vivienda en el AMCG.

Sin embargo, esta problemática no se encuentra únicamente en el departamento de Guatemala, sino en los departamentos como Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Zacapa. Entre los municipios señalados se encuentran Nebaj, San Juan Cotzal, Santa Eulalia, Soloma, San Juan Ixcoy, Ixtahuacán, Tacaná, Tajumulco, Quetzaltenango, el sur de Totonicapán, San Pedro, San Juan, Santa Cruz y San Marcos La Laguna en Sololá, a las orillas del lago de Atitlán y La Unión, en Zacapa. Algunos todavía enfatizan en un desastre natural, pero en realidad lo sucedido es consecuencia de un problema social gravísimo: La falta de una política de vivienda social y de ordenamiento territorial. La forma en que se ha tratado, desde el Gobierno y el sector privado, el tema del ordenamiento territorial y la política de vivienda social ha sido un fiasco. Y naturalmente, hay responsables. Como sabemos, el Ordenamiento Territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del territorio, del suelo urbano y rural, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que ha dividido el territorio. Ya sea como un todo o de una subdivisión político-administrativo. En nuestro caso, es decir, todo el territorio de la República de Guatemala o bien en Regiones, Departamentos y Municipios. De tal forma, que una ley de ordenamiento territorial puede definir los medios para que una autoridad gubernamental, regional, departamental o municipal establezca qué áreas del territorio son aptas para autorizar la construcción de viviendas, por ejemplo. En este caso, la Municipalidad de Santa Catarina, al conocer que la cuenca del río Pinula estaba considerada como de alto riesgo, nunca debió permitir que se construyeran viviendas en esa cuenca. Hoy sabemos, con base a lo aseverado por el Jefe del Departamento de Análisis de Riesgo de la Conred, El Cambray II tenía alerta de riesgo desde 2001 y desde el año 2011 de alto riesgo. El otro problema concatenado al anterior, de ordenamiento territorial, es el trato que el Estado y los organismos de gobierno le dispensan a la política de vivienda popular. En la mayoría de las ciudades del mundo subdesarrollado, las áreas de mayor vulnerabilidad son aquellas poco apetecibles al mercado inmobiliario, como los barrancos en la ciudad de Guatemala y los cerros de piedra en Río de Janeiro. Es a esas tierras de poco valor económico que los pobres de las ciudades tienen acceso. Por ello, el Estado debe impulsar proyectos de vivienda popular en sitios aptos para la construcción de una vivienda digna y asequible a sus bolsillos. Para que se eviten estas tragedias, que enlutan a tantas familias. Para ellos mi solidaridad y pésame.

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