Muy calladitos y sin chistar palabra los burócratas del organismo Ejecutivo promulgaron en febrero, dos Acuerdos Gubernativos (60 y 61-2015) que le confieren al Ministerio de Ambiente (MARN) la autoridad de regular toda actividad productiva que “atente contra el equilibrio ecológico”.

La legislación tipifica 555 categorías de actividades –desde tortillerías artesanales hasta cultivos de café– que por fuerza deben gastar en un estudio de impacto ambiental para presentarle al MARN y que este autorice o no la prevalencia de las mismas. Es en estos últimos meses que el mencionado Ministerio ha empezado a hacer uso de ese jugoso paquete de poder que le fue otorgado.

En primer lugar, la calidad de vida de la que disfrutamos hoy no sería posible si ese “equilibrio ecológico” no estuviese en constante cambio. Toda actividad humana requiere de la modificación del medio ambiente y todo proceso productivo de la eficiente explotación y transformación de recursos naturales. De no ser así, todavía viviríamos como hombres de Neandertal en cavernas y aún viviendo como salvajes, el ambiente sería alterado pues para sobrevivir modificaríamos el ecosistema al matar los animales que comeríamos y contaminaríamos al eliminar los desechos.

Partiendo de allí, los ecologistas ven a la especie humana como un virus que hay que detener, para ello necesitan del uso coercitivo de la regulación y para un funcionario público eso representa más poder discrecional a su alcance.

Permitirle al MARN que regule las actividades productivas es promover la continuidad de un sistema de incentivos perversos en el que los burócratas arbitrariamente decidirán a quién dejan producir. A los que no autoricen, me atrevo a inferir por la evidencia empírica, les cobrarán una extorsión para así otorgarles la licencia.

Los problemas medio ambientales no se resuelven con más legislación. Se resuelven velando por el respeto al derecho individual a la propiedad privada, sancionando a quien contamine la propiedad de otros. ¿Y los recursos naturales “comunales”? Dos soluciones: o se privatizan o se hace pagar al responsable por los daños causados. La primera me parece más apropiada, pues todo empresario buscará la eficiencia y prevalencia del recurso en el que se basa su producción.

Este tipo de políticas son perniciosas y dañinas en cualquier país, pero más aún en uno como Guatemala en el que gran parte de la población vive en la pobreza. No solo nos expolian el producto de nuestro trabajo a través de impuestos, sino ahora pretenden entorpecer más el proceso productivo y poner otra carga sobre todos los guatemaltecos trabajadores.

Es malvado defender el “equilibrio medioambiental” a costa del sacrificio humano. Quedarnos callados ante estos desmanes de poder es empedrar el camino de servidumbre por el que todos terminaremos caminando.