¿Recuerda usted el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte? Sí, ese que propone ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras, que surgió a instancias de los Estados Unidos después de la avalancha de niños centroamericanos que de manera ilegal llegaron o intentaron llegar a ese país.

Después de un sesudo análisis, Estados Unidos descubrió el agua azucarada y se dio cuenta que no es con una muralla como detendrán la inmigración ilegal hacia su territorio, sino colaborando con el desarrollo económico de los tres países que integran el Triángulo. “Las economías de El Salvador, Guatemala y Honduras siguen estancadas mientras las del resto de América avanzan”, expresó el vicepresidente Joe Biden en un artículo suyo que publicó el 8 de febrero el diario New York Times.

La ayuda estadounidense incluida en el plan sería variada, pero su parte esencial es, sin duda, la colaboración en el área financiera, para la que se contempla una donación de US$1 mil millones, que al tipo de cambio de hoy equivaldrían a Q7 mil 600 millones, que a su vez, divididos entre los países que conforman el Triángulo, significarían Q2 mil 533 millones para cada país.

Aquí es donde hay que sacar la lupa, y leer la letra pequeña, ya que la ayuda para Guatemala está condicionada al pago de casi Q3 mil millones en concepto de resarcimiento de víctimas que supuestamente ocasionó la construcción de la hidroeléctrica Chixoy a finales de la década de 1970 y principios de la siguiente. Ese resarcimiento, al igual que todos los demás, los paga el Estado de Guatemala con dinero producto de los impuestos de los guatemaltecos que tributan, lo que implica que el Plan Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte dejaría a Guatemala en números rojos. Por otra parte, al escarbar la sucia costra del resarcimiento por la construcción de Chixoy, de manera inmediata se encuentra una maraña de mentiras, y aparecen las sempiternas víctimas, que de manera sospechosa se multiplican a una velocidad vertiginosa. Es importante señalar que a pesar que el INDE ya resarció a quienes resultaron perjudicados con la construcción del embalse, de 250 familias que eran al principio, ahora son 3 mil 229, que incluyen a unas 30 mil personas; un negocio para nada despreciable para quienes lucran con la industria internacional del conflicto en Guatemala, en el que de nuevo aparecen las sombras del alemán Miguel Mörth y Ramón Cadena, quienes demuestran contar con una organización que llega hasta caros cabilderos en Washington.

Cabe preguntarse entonces si el plan de ayuda de los Estados Unidos no es más que un hábil truco de prestidigitación, en el que la colaboración solo es aparente, y que nuestros impuestos se malgastarán de nuevo en otro acto de corrupción por parte de oenegés que deben ser investigadas por el Ministerio Público. Ese es, sin duda alguna, parte del clamor popular.