A casi un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Guerrero, el gobierno de Peña Nieto ratifica su intención de exonerar de toda culpa al Ejército mexicano y respaldar lo dicho por su exprocurador Murillo Karam, quien aseguró que los estudiantes tenían nexos con el crimen organizado y fueron incinerados por delincuentes en el basurero de Cocula. En un contexto en el que la credibilidad de las instituciones de justicia en México está fuertemente cuestionada, se preparan importantes movilizaciones sociales en varios países, los familiares de los normalistas exigen castigar a Murillo por mentir de manera deliberada e insisten que expertos internacionales investiguen a militares asignados en la zona donde ocurrió el hecho, Peña Nieto da a conocer la captura de Gildardo López, como presunto autor material del hecho, integrante de una banda criminal denominada “Guerreros Unidos”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana