A casi un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Guerrero, el gobierno de Peña Nieto ratifica su intención de exonerar de toda culpa al Ejército mexicano y respaldar lo dicho por su exprocurador Murillo Karam, quien aseguró que los estudiantes tenían nexos con el crimen organizado y fueron incinerados por delincuentes en el basurero de Cocula.

En un contexto en el que la credibilidad de las instituciones de justicia en México está fuertemente cuestionada, se preparan importantes movilizaciones sociales en varios países, los familiares de los normalistas exigen castigar a Murillo por mentir de manera deliberada e insisten que expertos internacionales investiguen a militares asignados en la zona donde ocurrió el hecho, Peña Nieto da a conocer la captura de Gildardo López, como presunto autor material del hecho, integrante de una banda criminal denominada “Guerreros Unidos”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre quienes se encuentra la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, demostró que los reportes oficiales mintieron porque no existe evidencia científica para asegurar que los cadáveres de los 43 normalistas fueron incinerados en ese basurero. El informe de 500 páginas además delineó que hubo participación y conocimiento del ataque de parte de diversas fuerzas de seguridad, entre estas elementos militares, y que los estudiantes no tenían relación con ninguna organización criminal.

A una semana de que Peña Nieto se encuentre con los familiares y amigos de los estudiantes de Ayotzinapa, funcionarios de alto nivel resaltan “el éxito” de sus pesquisas al presentar once meses después a un extorsionista y distribuidor de droga en Guerrero como ejecutor de los 43 asesinatos, pero omiten dar detalles de las relaciones que este tenía como las Policías municipales, del Estado y Federales, así como sus nexos con militares.

Es obvio que el Gobierno mexicano no solo exculpa al Ejército y minimiza la penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad del Estado, sino que busca desvirtuar los hallazgos de la CIDH, se escuchan totalmente inverosímiles las voces oficiales que aseguran “en México no hay impunidad”.

Junto a todo lo anterior, también existen dudas acerca del reporte del Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, en el sentido de identificar a un segundo normalista desaparecido, las cuales provienen del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses, coadyuvantes de la investigación, que asegura que tal afirmación solo es una posibilidad y que no existen evidencias que demuestren que los restos analizados provengan del basurero de Cocula.

Los patrones para falsear realidades a través de los monopolios informativos son similares en varios países, cabe recordar las palabras de Otto Pérez proporcionadas a CNN y Televisa, pero estas ni las de Peña Nieto convencen por más que preparen sus actuaciones como víctimas o personas probas. Terminar con la impunidad obliga a mujeres y hombres en México y Guatemala a mantener la movilización social, hay que continuar las exigencias a favor de la justicia y castigo a los culpables rebasando fronteras.