El gobierno presidido por Alejandro Maldonado, al igual que los regímenes de Colom y Pérez, pretende que el Congreso apruebe el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2016, por Q72.4 millardos (miles de millones), que le remitió el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), con un déficit fiscal que, según expertos, podría exceder del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que, inequívocamente, se financiará con más deuda pública.

De acuerdo a las “cuentas del gran capitán” del Minfin, los ingresos tributarios no alcanzarán los Q50 millardos y la brecha de gasto (más allá de los ingresos propios) será financiada mediante la contratación de nuevos préstamos en el extranjero y en Bonos del Tesoro, que, al no alcanzarse la meta de recaudación tributaria, como así será, podría exceder los Q15 millardos. Esto supondría que la deuda pública se acercaría al 30 por ciento del PIB y al 280 por ciento de los ingresos fiscales.

Como podrá advertirse, el Gobierno se resiste a reducir el descomunal, incontenible e incontrolable gasto público y, como la recaudación tributaria no levanta, gracias al “mamarracho tributario” aprobado por el Congreso en 2012, a propuesta de los “militantes tributarios”, que se centró en esquilmar a la clase media y en sabotear la recaudación aduanera, por lo que se está recurriendo a endeudar más al país, con el concurso de la banca internacional de desarrollo, que se esfuerza por alquilarle más dinero al Estado.

El Gobierno tampoco está comprometido con la transparencia y la optimización el gasto, sino que todo lo contrario. Su enfoque sigue siendo eminentemente cuantitativo y no cualitativo. Nada se plantea para que exista un mayor control del gasto, una mejor gestión o calidad del gasto, ni para que cese el derroche, la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción en el sector público. Además, las transferencias presupuestarias desvirtúan el concepto de presupuesto programático y aseguran un gasto descontrolado, desordenado y no fiscalizable.

Por otro lado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha señalado que le es imposible controlar el gasto a través de fideicomisos públicos, oenegés, fondos y demás entidades que operan en el sistema paralelo de gasto público. Por cierto, la CGC ha venido solicitando sin éxito la supresión de los fideicomisos públicos.

En conclusión, mientras el mundo entero se concentra en la racionalidad del gasto y el crecimiento económico, en Guatemala los politiqueros y los militantes tributarios (que ya están afinando otro paquetazo tributario para el año entrante) se esfuerzan en gastar más y en seguir hipotecando al país, en otras palabras en continuar gastando más sin que con ello mejoren los servicios públicos.