Ecuador, Bolivia, Guatemala y Perú tenían hasta hace cerca de dos décadas indicadores muy parecidos: países montañosos, de bella geografía, biodiversidad y un riquísimo patrimonio cultural. Sin embargo, un gran rezago en materia de indicadores sociales, si se les compara con Chile, Uruguay o el propio México, que dicho sea de paso está bastante a la zaga dentro de los países que conforman la OECD (poderosa organización de comercio y desarrollo de los más prominentes del globo.

Pero cuando uno revisa la improductiva agenda del Congreso, y no digamos la de los organismos ejecutivos en estas últimas décadas, recordamos el viejo refrán latinoamericano que nos dice que “el tiempo perdido hasta los santos lo lloran”. Y es que mientras nuestras prioridades están en consolidar una inmensa auditoría social para impedir que la clase política nos siga esquilmando y secuestrando, Ecuador, Bolivia y Perú nos han dejado en el cada vez más exiguo pelotón de los rezagados.

Y así lo indican los denominados Resultados Estratégicos del Ejercicio Fiscal 2016, que es parte del proyecto de presupuesto que ya está en manos del improductivo Congreso de la República. Dichos resultados tienen que ver con: desnutrición, mortalidad materna, población subalimentada, capacidad adquisitiva de la población, formalidad en el empleo, tasa de hechos delictivos y tasa de homicidios.

Y cabe agregar que buena parte de dichos indicadores y metas formaban parte de un esfuerzo ambicioso y que se tornó en utópico, que se llamó “Metas del Milenio”, y que del diente al labio estuvo centrado en: erradicación de la pobreza, mejoramiento de la salud materna, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, y otros indicadores que debieran provocarnos un sentimiento de apuro, solidaridad y de organización colectiva, para comenzar a caminar en el sendero de las políticas de desarrollo.

Como bien nos lo dicen las oficinas de los programas de Naciones Unidas encargadas de las metas del milenio, que si bien se han producido algunos avances significativos en algunas metas e indicadores, relacionados con educación, género y salud materno-infantil, el avance todavía es lento y a veces cíclico.

Al igual que como nos pasa en el fútbol a nivel internacional, nuestro Estado y nuestra sociedad muestran que no tienen articulación para trabajar por objetivos y resultados. Y ello nos está alejando gradualmente de la denominada “agenda global”, que empuja a trabajar conjuntamente en temas como el VIH sida y el cambio climático.

De 1990 a 2015 se perseguía como meta reducir a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza extrema, indicador este que más bien ha aumentado en todos estos años, que son precisamente los años de “éxito” del denominado proceso de “ajuste estructural” y de “estabilidad macroeconómica”.

El legado del modelo económico y social está entonces a la vista, y el denominado “gobierno de transición” no debiera perder ni un solo momento del día en preparar una agenda de cambio, cuyos puntos principales se han venido trazando con la participación de diferentes instancias que han estado trabajando en plataformas como la de la Transformación del Estado, liderada por la Universidad de San Carlos, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y las Iglesias católica y evangélica.

El trabajo colectivo es arduo, y si seguimos perdiendo el tiempo, ni siquiera cumpliremos con metas elementales como la contemplada en el proyecto actual que dice, por ejemplo: “Disminuir la mortalidad materna, de 113 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, a 93 en el 2019”.