Los casos de políticos señalados por robos solapados al erario nacional, reelectos para cargos de diputados y alcaldes, no deben perderse en el remolino de acontecimientos que se avecinan y aparecer disfrazados de dignatarios que renunciarán a usar las partidas del presupuesto favoreciendo negocios que, más que significar beneficios para la comunidad, irán a engrosar los millones de sus empresas camufladas. Con gran satisfacción se ha visto cómo la Corte Suprema de Justicia ha sido contundente en quitar la inmunidad a funcionarios, diputados y candidatos electos que optaron a cargos sabiéndose autoridades que han hecho de su cargo un nicho para robar millones del erario público gozando de inmunidad y de su abusivo tráfico de influencias. Falta la inclusión de un número mayor. Los ciudadanos identifican ese giro, como una actitud de esas autoridades que rectifican su papel, sacudiéndose de cualquier caso que los siga identificando como una Corte Suprema