Los casos de políticos señalados por robos solapados al erario nacional, reelectos para cargos de diputados y alcaldes, no deben perderse en el remolino de acontecimientos que se avecinan y aparecer disfrazados de dignatarios que renunciarán a usar las partidas del presupuesto favoreciendo negocios que, más que significar beneficios para la comunidad, irán a engrosar los millones de sus empresas camufladas.

Con gran satisfacción se ha visto cómo la Corte Suprema de Justicia ha sido contundente en quitar la inmunidad a funcionarios, diputados y candidatos electos que optaron a cargos sabiéndose autoridades que han hecho de su cargo un nicho para robar millones del erario público gozando de inmunidad y de su abusivo tráfico de influencias. Falta la inclusión de un número mayor.

Los ciudadanos identifican ese giro, como una actitud de esas autoridades que rectifican su papel, sacudiéndose de cualquier caso que los siga identificando como una Corte Suprema de Justicia politizada y sutilmente corrupta. No por lo que el Organismo representa en sí, sino porque ha cobijado en sus salas y juzgados a profesionales oscuros, venales, que han llegado a los cargos por recomendación de grupos poderosos, que se parapetan en el veredicto de sus juicios, para delinquir con “respaldo legal”. En este escenario se había caído los últimos años. ¡Lo tenemos todo controlado!, –pensaron los tatascanes del crimen, el narcotráfico y el robo oficializado–, pero ahora, su vanidoso poder se los están desmoronando.

Por el momento, el pueblo presencia cómo ese organismo se define por ejercer una justicia imparcial y menos politizada cuando decide, por unanimidad, retirarle la inmunidad al Presidente y la Vicepresidenta de la República y ahora admitir que la influyente jueza Octava Penal, Marta Sierra de Stalling sea sometida a investigación judicial por posibles vínculos con el “bufete de la impunidad”, que respaldaba la mayoría de transas para desfalcar, por millones, al socialmente criminalizado Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Exigimos que sea contundente, para que la Supervisión General de Tribunales investigue imparcialmente a los tres jueces: Artemio Tánchez Mérida, Wilfrid Porras Escobar y Hugo Roberto Jáuregui, que flexibilizaron su veredicto al permitir que cuatro candidatos a alcaldes señalados por la Contraloría General de Cuentas como funcionarios infractores e incumplidos con la ley, participaran en la contienda electoral.

Si el pueblo ha hecho lo suyo en las urnas electorales es imperativo que la CC y la CSJ encarrilen a los tribunales de justicia a todos los casos de infractores reelectos señalados por sus abusos y por cometer delitos contra los bienes del Estado. Estos sujetos doblemente farsantes, por embaucar otra vez a los votantes, deben ser sometidos a todo el peso de la ley. Se trata de candidatos que debieron ser excluidos de la contienda, anticipadamente, pero para quienes el Tribunal Supremo Electoral tuvo una dispensa inadmisible. Se trata de los políticos: Baudilio Hichos, Mario Rivera, Mirza Arreaga, Luis Chávez, Mario Yanes, Manuel Barquín, Jaime Martínez Lohayza y Edgar Barquín todos ellos activistas del partido Lider. Los cuatro primeros afrontan antejuicios por corrupción excesiva y los últimos por financiamiento ilícito y blanqueo de capitales. Sería una burla extrema para Guatemala, dejarlos tomar posesión y que volvieran a engañarnos con la misma máscara con que actuaron durante el presente período gubernamental. Para ubicarlos donde les corresponde están obligados los tribunales de justicia. Guatemala se habrá entregado a las mismas estructuras perniciosas, si sus autoridades no actúan como la ley se los ordena.