La lucha político electoral, por lo general, es apasionada, intensa, y debería ser librada en el terreno del debate y la competición, pero jamás en el marco de un diálogo de las pistolas.

Sin embargo, muchas veces las pasiones político-electorales se desbordan y pueden derivar en acciones violentas. Es aquí donde el Estado, en cumplimiento con sus obligaciones de proteger la vida, la integridad personal, la seguridad y la libertad de las personas, debe intervenir con energía y sin excepción alguna.

Preocupa sobremanera que conforme la primera vuelta del proceso electoral avanzó, la violencia político electoral se haya recrudecido al punto de que los candidatos a cargos de elección popular y comunicadores y periodistas hayan sido asesinados o siendo víctimas de agresiones, intimidaciones, amenazas, atentados y ataques violentos en general.

Sin embargo, lo que más frustra, descorazona y desespera es que las autoridades estatales no estén a la altura de los acontecimientos y que, por el contrario, permitan que la violencia física y psicológica se desborde y que haya minado la campaña electoral.

Lamentablemente, a lo largo de nuestra historia la abrumadora mayoría de los crímenes políticos permanece en la impunidad en nuestro país, por lo que los responsables (autores, cómplices y encubridores) no son debidamente castigados, extremo que, lógicamente, los alienta a perpetrar y consumar nuevos delitos, incluso más graves.

Ojalá que la autoridad electoral, en coordinación con las fuerzas del orden público, alienten y materialicen una política de prevención de delitos comunes y electorales, a fin de que la segunda vuelta se desarrolle en un marco de paz, tranquilidad, respeto, tolerancia y sosiego.

No pueden haber elecciones justas, limpias, transparentes y en igualdad de condiciones para los distintos contendientes, si no se garantizan la libertad de acción, la seguridad personal, la libre locomoción, la libertad de expresión del pensamiento, el debate irrestricto y la confrontación abierta de ideas, proyectos y planes de trabajo.

Por otro lado, exigimos al Gobierno de la República y al Ministerio Público que, a la mayor brevedad, se esclarezcan los distintos hechos punibles con tinte político electoral que han venido ocurriendo durante los últimos tiempos y que, con la diligencia debida, se proceda al juzgamiento y castigo de los responsables.