La lucha político electoral, por lo general, es apasionada, intensa, y debería ser librada en el terreno del debate y la competición, pero jamás en el marco de un diálogo de las pistolas. Sin embargo, muchas veces las pasiones político-electorales se desbordan y pueden derivar en acciones violentas. Es aquí donde el Estado, en cumplimiento con sus obligaciones de proteger la vida, la integridad personal, la seguridad y la libertad de las personas, debe intervenir con energía y sin excepción alguna. Preocupa sobremanera que conforme la primera vuelta del proceso electoral avanzó, la violencia político electoral se haya recrudecido al punto de que los candidatos a cargos de elección popular y comunicadores y periodistas hayan sido asesinados o siendo víctimas de agresiones, intimidaciones, amenazas, atentados y ataques violentos en general. Sin embargo, lo que más frustra, descorazona y desespera es que las autoridades estatales no estén a la altura de