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Opiniones de hoy

Gobierno de transición democrática

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Actualmente nos encontramos frente a una democracia limitada que necesita varias reformas.

Si algo podemos extraer del encausamiento penal del Presidente y de la ex Vicepresidente de la República, es que el Estado de Derecho todavía funciona en Guatemala, y que el país no puede ser considerado un Estado fallido. Los actos y delitos económicos que se les imputan han sido respaldados por pruebas contundentes preparadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ahora deberán ser debidamente valoradas por los jueces bajo el principio de presunción de inocencia.

Sin la intervención de la CICIG no se habría logrado descubrir los nexos de las autoridades superiores de Gobierno con estructuras paralelas que venían medrando desde hace varios años por contrabando, tráfico de influencias y lavado de dinero. Es verdaderamente encomiable cómo el trabajo de la Comisión de la mano con la Fiscalía han permitido aplicar la Ley sin importar que los encartados sean los más altos dignatarios de la Nación. Toca ahora el turno a los tribunales encargados de impartir justicia que lo hagan en forma profesional y técnica cumpliendo con el debido proceso.

También es de reconocer que sin el apoyo de la ciudadanía que salió a protestar y de las distintas organizaciones de la sociedad civil que apoyaron el movimiento de indignación esto nunca se hubiera logrado. Guatemala cambió a partir del 16 de abril del corriente año, el pueblo pasivo e indiferente que veía las anomalías, corrupción y desmanes de los gobernantes como algo ajeno a sus intereses, pusieron un hasta aquí. Una lección para que los políticos que están participando en la actual contienda electoral no cometan abusos y mal uso de los recursos públicos. La ciudadanía de ahora en adelante estará vigilante y no permitirá más corruptela y latrocinio.

No cabe duda que la principal tarea que deberán emprender los próximos gobernantes es rescatar el régimen republicano, democrático y de justicia para que impere la separación de poderes, protección de derechos ciudadanos y de libertad de expresión y poner a funcionar los mecanismos de pesos y contrapesos necesarios para preservar la institucionalidad del país.

Por eso llamo al próximo Gobierno como de transición democrática. El escritor Héctor E. Schamis recientemente en las páginas del diario español El País lo expresa de la siguiente manera: “La democracia es un contrasentido en ausencia del Estado de Derecho. Es difícil impartir justicia y proteger libertades y derechos sin una normatividad jurídica objetiva, neutral, impersonal y equitativa. Ni qué hablar de la capacidad decreciente del Estado para monopolizar los medios de la coerción, cuya consecuencia inmediata ha sido la exacerbación del crimen organizado y la corrupción, síntomas gemelos de la degradación institucional”.

A nadie escapa que las democracias latinoamericanas se encuentran debilitadas por la irrupción de políticos, de derecha e izquierda, que llegan al poder mediante elecciones libres y se perpetúan en base a populismo haciendo cambios constitucionales que permiten su reelección. Retornando nuevamente al pasado oprobioso del autoritarismo, centralización, jerarquización y prácticas como las de Leyes de Indias de la época colonial que decían que “las normas se acatan, mas no se cumplen”.

Actualmente nos encontramos frente a una democracia limitada que necesita varias reformas, entre ellas una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, leyes anticorrupción, Compras y Contrataciones del Estado, Servicio Civil, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de la Contraloría General de Cuentas y Ley del Organismo Judicial que necesita ser modernizada. Con ese nuevo andamiaje jurídico se podrá ir depurando la clase política, a fin de contar con personas capaces, honorables e idóneas que desempeñen los cargos públicos con honor y profesionalismo.

El expresidente chileno Patricio Aylwin con su extensa experiencia en la vida pública explicaba con claridad, que: “los cambios en el régimen político se materializan con ocasión de grandes crisis”. Guatemala se encuentra inmersa en un periodo de crisis y clama por un futuro mejor donde los recursos públicos se inviertan efectivamente para cerrar las grandes brechas y déficit de educación, salud, vivienda y violencia exagerada.

Necesitamos mandatarios visionarios, verdaderos estadistas que conduzcan esta gran cruzada de la dignidad para reencauzar el país por los senderos de la democracia, el bien común y la libertad para todos. Un Gobierno centrado en la Ley es lo que todos anhelamos.

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